LENIN MORENO SOLICITO ELIMINAR
CONTRIBUCIONES EN PROYECTO DE
LEY Y APRUEBEN REFORMA LABORAL
Presidente aceptó pedido de Guillermo
Lasso de eliminar contribuciones a la fuerza para poder aprobar Las Leyes que remitió a la
Asamblea, priorizando las exigencias fondomonetarista
de la precarización laboral- Hoy se definen posturas
Ratificándose
los comentarios en redes sociales que al gobierno de Lenin Moreno, más le
importaba cumplir con las exigencias del FMI que conseguir aportes, priorizó
las reformas laborales que sugieren la precarización y solicitó a sus
asambleístas de Alianza Pais, eliminen las propuestas económicas, aceptando la
petición de Guillermo Laso, que coincidencialmente, horas previas al
pronunciamiento del presidente Moreno, había proclamado que si se dejaban fuera
los aportes. Votaría en favor de los proyectos que se debaten.
Siendo
así y a falta de votos. El Gobierno se vio obligado a dar un paso atrás en el
trámite de la Ley de Apoyo Humanitario y pidió que se elimine el capítulo de
las contribuciones para enfrentar la crisis económica del covid-19.
Sin
embargo hasta ayer jueves 14 de mayo del 2020 no estaban asegurados los 70
votos para la aprobación del proyecto en la Asamblea Nacional. La intención del
Ejecutivo era que esta norma permitiera recaudar USD 1 418 millones con aportes
temporales de empleados y empresas para paliar la crisis derivada del covid-19.
La falta de respaldo obligó a que, el jueves por la tarde, el presidente Lenín
Moreno pidiera a los asambleístas “que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo
relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que
permitan llegar a acuerdos”. “He escuchado a líderes políticos y sociales, a
emprendedores y empleados. Tenemos una misma prioridad: salvar empleos,
emprendimientos y empresas en los que hemos puesto toda nuestra vida”, dijo
Moreno en redes sociales.
La
idea de que se excluya el capítulo de los aportes tuvo el apoyo de José
Serrano, uno de los 39 miembros de la bancada de AP y aliados. Con brillante
actuación circense, el pedido lo realizó
al ponente del proyecto, su compañero de bancada y además coterráneo,
Esteban Albornoz,
presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
El
anuncio presidencial provocó un giro en el debate: hacia las reformas
laborales. Pero la correísta Marcela Holguín dijo no estar de acuerdo con
mecanismos de flexibilidad laboral y pidió también “dejar de lado” este
capítulo.
El
socialcristiano Henry Kronfle tuvo un planteamiento similar y dijo que el tema
“puede ser manejado con mayor dinamismo mediante acuerdos ministeriales”.
El
texto contempla figuras como un contrato especial de un año renovable, o la
reducción de la jornada laboral por un año, máximo un 50%. Y acuerdos
bilaterales entre empleador y trabajador.
Por
fuera del PSC y el correísmo, que controlan 48 curules, Alianza País depende
del apoyo de Creo y asambleístas independientes para reunir los 70 votos para
que la ley sea aprobada y no corra el riesgo de ser archivada o que se publique
en el Registro Oficial, por el Ministerio de la Ley.
El
bloque de Creo con18 integrantes. Había condicionado su apoyo si se excluían las contribuciones del proyecto. También, Creo
comprometió sus votos para la aprobación de la Ley para el ordenamiento de las
finanzas públicas, que estaba suspendida
Ahora
el hombre del maletín buscará obtener los votos “independientes” Bloque de
Integración Nacional (BIN). HOY VEREMOS SI LOS OBTIENEN Y LA PATRIA SABRÁ,
FELICITARLOS O CONDENARLOS.
EN
ECUADOR COVID 19 NO DA
TREGUA
MUERTES EN CALLES
Y
CASAS SON CONSTANTES
Mientras las cifras en el Registro Civil
Son mucho más altas que las del COE
El
Covid-19 llegó a Ecuador y develó aún más la deficiencia gubernamental,
construyendo un escenario de muertes, dolor, pobreza e irresponsabilidad que
motivan reclamos de sus pobladores, tanto en redes sociales y ahora con brotes
de protestas en las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca.
El
incremento de muertes en los meses de la pandemia, comparados con años pasados,
es un nuevo indicador del impacto del Covid-19 en el país.
Sin
embargo, los datos del Registro Civil, distan de los emitidos por el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
En
el mes de Abril del 2020, se registra 14,466
muertes. Aunque no se especifican las causas, la cifra es dos veces mayor a la
registrada en 2019, donde hubo 6.065 muertes y en 2018, 5.697.
Es
decir, el incremento en decesos en 2019 respecto de 2018 fue de 6%. Incluso
cuando en 2020 se hubiese registrado un 10% de incremento ‘normal’ en las
muertes, quedarían 7.794 muertes “adicionales”.
Pese
al repunte de números, el Gobierno informó que, hasta el 30 de abril, hubo
2.353 decesos en el contexto del coronavirus: 900 muertes confirmadas por
Covid-19 y otros 1.453 fallecimientos sospechosos de la enfermedad. No hay una
explicación para la diferencia de 5.441 muertes.
Como
se puede notar, las inconsistencias son
evidentes. Resulta ilógico que mientras se eleva el número de casos
confirmados con el virus, poco o nada varíe el número de fallecidos. A menos
que Ecuador hubiese pasado por una catástrofe natural, como un terremoto, nada
justifica que las cifras de defunciones, con apenas dos años de diferencia,
tengan una brecha tan amplia.
Según
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre 205 y 215 personas
murieron en promedio diariamente entre enero y abril de 2018 y 2019. Mientras
que, en marzo de 2020, fallecieron 276 por día, y en abril, 572 en promedio.
No
contar con datos ‘fiables’ dificulta la
toma de decisiones para levantar la cuarentena. Debiéndose anotar que más de
dos veces ha habido imprecisiones en las cifras que emite el COE.
Por
otro lado, el haber aceptado que el
sistema de registro presentó problemas, es un indicador de la falta de transparencia y
fallas del sistema.
Voceros
del actual régimen neoliberal aceptan fallas pero no las coorigen “Los datos
del COE reflejan una parte de la realidad”, dijo en su cuenta de Twitter, la
ministra de Gobierno, María Paula Romo, una vez que el Registro Civil publicó
las cifras de defunciones.
El
pasado 24 de abril, Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, reconoció
que las muertes por coronavirus, solo en Guayas, serían aproximadamente 8.000.
Aunque
Roldán habló de la necesidad de “transparentar cifras”. Los números de
defunciones del COE nacional siguen estando muy por debajo de los reportados
por el Registro Civil.
Por
ejemplo, a finales de abril, mientras las cifras del COE reportaban 1,500
muertes en Guayas. El Registro Civil mostró que entre el 1 y el 25 de abril,
hubo 8.383 fallecidos (por todas las causas) en dicha provincia. En el mismo
periodo de 2019, en Guayas murieron 1.862 personas. La diferencia es de 6,521
decesos.
Aunque
los datos del INEC y el Registro Civil son preliminares, la Policía reporta
que, desde marzo, las muertes violentas y accidentes de tránsito bajaron un 80%
EN QUITO AFECTADOS FALLECEN
EN LAS CALLES O EN SUS CASAS
“Se
desplomó y cayó al piso”, se escucha en uno de los videos que circulan en redes
sociales donde se ve el cadáver de una mujer, rodeado por agentes de la Policía,
antes de que Criminalística haga el levantamiento.
Ocurrió
ayer, en el barrio Turubamba, al sur de Quito. La Empresa Metropolitana de
Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), encargada de realizar el levantamiento de
los cadáveres a causa de Covid-19, negó que este sea el caso, pero reconoció
que sí existen personas que han muerto en las calles a causa del virus.
Emgirs
detalló que, desde inicios de abril, hasta el 14 de mayo, el número de muertes
extra hospitalarias, positivos para Covid-19, suma 16: 12 cuerpos recogidos en
casas y 4 en las calles.
Uno
de estos tuvo lugar el miércoles, cuando un hombre de aproximadamente 60 años
murió en el sector de La Gasca, al noroccidente de la capital.
LA FISCALIA NO ENCONTRO
CUADERNO CON
NOTAS POR LO TANTO NO PODRA
PROCESAR
POR PECULADO A ALEXANDRA OCLES
En el caso sobornos fue más
fácil porque ayudaron a reconstruir cuaderno
FOTO.- “Te salvaste hermana”
En
el caso penal contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGR), María Alexandra Ocles, y cuatro funcionarios más de esa misma cartera
de Estado, la fiscal general, Diana Salazar, asegura no tener el “elemento
objetivo” que pueda configurar el peculado y por ello formulará cargos por el
delito de tráfico de influencias.
La
diligencia solicitada por la Fiscalía se realizará desde las 10:00 del próximo
lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y será la jueza y presidenta de la
Sala de los Penal, Daniella Camacho, quien llevará la causa en esta primera
instancia. Camacho fue quien llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a
20 personas más dentro del caso Sobornos 2012-2016. Porque aunque no se encontró
el famoso cuadernos de notas, este fue reconstruido muy eficientemente por la
Martínez y así fue fácilito condenar al líder de la Revolución Ciudadana.
Salazar
señaló, en una entrevista en radio Sucesos, que el tráfico de influencias era
conocido en el Código Penal anterior como peculado menor y para que exista él
debía darse una inobservancia de la ley.
Al
ser consultada de por qué no se procesa un peculado, explicó que el peculado
propio requiere de varios elementos que deben ser verificados y uno de ellos,
expuso, es que el Estado haya sido afectado económicamente en sus recursos.
“Cuando
salió la noticia el contrato fue rescindido, no hubo entrega de dinero, de
anticipo y tampoco se llegó a perfeccionar la entrega de los productos.
Entonces no tenemos ese elemento objetivo que pueda configurar el peculado. La
Fiscalía trabaja técnica y jurídicamente y tenemos que justificar jurídicamente
cada uno de los elementos ante los jueces”, aclaró Salazar.
Ante
la emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19, la CNJ dispuso para
la audiencia varias medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los
sujetos procesales convocados y los funcionarios judiciales.
Entre
ellas está el control médico y desinfección en los ingresos al edificio y a las
salas del Mezanine1 que se usarán para mantener una distancia adecuada entre
las personas.
A
la diligencia no se permitirá la entrada de personas ajenas a los sujetos
procesales convocados, es decir, Fiscalía, que llevará adelante la acusación;
los procesados y sus abogados; funcionarios de la Defensoría Pública y la jueza
Camacho y su equipo de trabajo. Hasta el momento también están excluidos los
medios de comunicación.
Además
de Ocles la fiscal Salazar pidió audiencia para formular cargos contra César
E., Ramón R., Mauricio C. y Jorge O.. Todos son investigados por inobservancias
legales en el proceso de adquisición de 7000 kits de alimentos para ser
entregados a la población afectada por la emergencia por el COVID-19, contrato
por casi 1,1 millones de dólares.
Justamente
Salazar informó que en los allanamientos realizados encontraron documentación
que revelaría la inobservancia de los procedimientos de contratación. No dio
mayores detalles porque el proceso seguiría en la fase de investigación previa.
La
jueza Camacho solicitó a los ciudadanos que no puedan comparecer a la
diligencia que se llevará en la CNJ, en Quito, que informen de esa situación
para que se coordine con las distintas cortes provinciales y de esa forma se
realicen las conexiones telemáticas del caso.
De
los cinco llamados a audiencia, dos se encuentran en la provincia del Guayas,
dos en Manabí y Ocles estaría en Quito (Pichincha).
PLANTON PACIFICO REPRIMIDO
POR LA POLICIA EN GUAYAQUIL
Lo
que parecía un plantón pacífico, a propósito de varios temas en torno a la
emergencia sanitaria, se convirtió en escenario de guerra luego de que agentes
de la Policía irrumpan en el encuentro despejando a los la manifestación, a punta de amenazas y
gritos.
La
cita la acordaron a las 08:30 de este jueves 14 de mayo varias organizaciones
sociales, en el exterior del parque Centenario, en el centro de Guayaquil. Una
hora después, agentes arribaron en varias motocicletas y camionetas y
encendieron las sirenas de sus automotores, mermando el impacto de las
consignas de los protestantes.
Los
asistentes, dijo Lía Burbano, de la organización Mujer y Mujer, reclamaban por los
muertos desaparecidos, por el recorte al
presupuesto a la educación, por el abandono absoluto a la
salud, por los que fallecieron
sin atención médica. Reclamaron por el hambre de los que no reciben
kits de alimentos y tampoco pueden salir a trabajar, por el personal de salud y
por el desempleo.
Antes
de que la Policía irrumpa, Manuel Haz, estudiante de la Universidad de las
Artes, llegó al lugar con algunos compañeros, con un féretro de cartón negro.
“Es la muerte de la educación”, dijo con rabia, y luego leyó un manifiesto.
(Educación),
somos testigos de tu crimen, ocasionado por Lenín Moreno Garcés y su gabinete
de Gobierno. Han mutilado y partido a la Patria en mil pedazos...
Parte
del manifiesto leído por Manuel Haz.
Pero
ni el distanciamiento social aplicado ni su lectura sirvió para los agentes del
orden, que minutos después se llevaron en una camioneta el féretro que
simbolizaba a la educación y corretearon a todos los protestantes. Debieron
correr ante la represión, que llegó con toletes y hasta gas lacrimógeno, como
en las protestas de octubre pasado.
Un
equipo periodístico presente , también fue agredido por la Policía. Los
fotógrafos de un diario guayaquileño, Valentina Encalada y Miguel Canales
recibieron maltratos en medio de la revuelta. A Canales, incluso, un puñete de
un uniformado le rompió los lentes.
Leonardo
Quiroz, asistente, explicó que persiguieron a los protestantes por varias
manzanas a la redonda, hasta asegurarse de apagar totalmente la protesta.
Algunos
pocos espectadores señalaron que algunos
manifestantes fueron detenidos por la
Policía, entre ellos, Paúl Murillo, que antes reclamó que el Gobierno comete un
error grave por pasar la factura de la emergencia a los más pobres.
No
es la primera protesta contra el Gobierno en el marco de la pandemia. El trato
a los muertos y el recorte al presupuesto educativo ya fueron motivo de
plantones en días pasados. La de este 14 de mayo, sin embargo, es la protesta
que acogió todas las denuncias. Por eso se llamó 'Plantón por el Luto y la
Resistencia'.
La
convocatoria se realizó en redes sociales, a través de la Asociación de
Organizaciones Sociales del Guayas, por eso se contó con una variedad de
manifestantes. Fueron estudiantes, desempleados, feministas y demás grupos
sociales.
Liza
Piñancela llegó allí porque su tío, Luis Piñancela, murió a inicios de abril en
el Hospital Teodoro Maldonado y su cuerpo aún no aparece; pero también llegó
por las mujeres violentadas en medio de la emergencia.
Jorge
Delgado, del Frente Amplio Estudiantil, llegó de negro, de luto, como todos. Llegó
para rechazar las medidas, que afectan no solo estudiantes sino también a los
gremios: profesores, trabajadores y demás.
No
hubo una explicación de la forma en que irrumpió la Policía la
manifestación. El Ministerio de Gobierno ,ayer no se refirió por la represión efectuada
Lo
dejaron volver ¿Y ahora y ahora?
ALLANAN HOSPITAL DEL IESS
EN MACHALA
PARA RECAVAR PRUEBAS DE
CORRUPCION
Delincuentes deben ser
profesionales del atraco
Hasta ahora no dan con ellos. Aunque
se rumora
Quienes son:
Personal
de Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Judicial y Agentes de
Criminalística realizaron ayer una diligencia de registro y levantamiento de
evidencia en las oficinas administrativas del hospital general Machala del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; el acto investigativo inició cerca
de las 10:00 y duró aproximadamente dos horas.
El
operativo se efectuó luego de las denuncias por supuesto sobreprecio en la
compra de trajes de bioseguridad, mascarillas N95 y bolsas de plástico para
embalar cadáveres, esto dentro de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Según
declaraciones del Abg. Guido Coronel, Fiscal de Patrimonio Ciudadano, no se
trató de un allanamiento sino de un levantamiento de evidencia donde se
recabaron documentos originales y equipos informáticos que serán sometidos a
pericias. Entre la documentación requisada consta el proceso original de la
compra de bolsas plásticas para embalaje de cadáveres cuyo costo unitario fue
de $ 60.00 cuando en el mercado oscila entre $ 12.00 y $20.00
Coronel
explicó que la investigación inició “por la connotación social que tuvo el
sobreprecio en algunas contrataciones públicas, eso llegó a conocimiento de
Fiscalía y se aperturó la indagación previa para recabar indicios y
evidencias”. Extraoficialmente se conoció que está en curso una investigación
por peculado contra al menos tres funcionarios del hospital general Machala del
IESS
Por
su parte, el Cap. José Salinas, Jefe de Criminalística de la subzona El Oro
señaló que fueron retirados tres equipos informáticos así como documentos. Los
agentes recorrieron dependencias como Compras públicas, Gerencia, Subdirección
y Bodega.
CONTRATOS EN EMERGENCIA
En
reportaje publicado por este medio el lunes 11 de mayo se menciona que en la
página web del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) desde que
inició la emergencia hasta la actualidad constan cinco contratos registrados
por parte del hospital general Machala del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS).
Un
contrato es sobre la adquisición de medicamentos correspondientes a la
emergencia sanitaria por COVID-19 por un monto de $ 927.994.6 dólares; también
consta la compra de trajes de protección contra riesgos (tipo 2) para las
diferentes áreas del hospital a un costo de 629.820 dólares. La casa de salud
adquirió 9.000 trajes a un costo de 69.98 dólares cada uno.
Además
la página registra la adquisición de 14.940 mascarillas N95 para las diferentes
áreas del hospital. El valor de cada una fue de 7.50 dólares, en total el monto
de esta contratación fue de 112.050.00. A ello se suma la compra urgente de
20.000 sábanas descartables de 1 ½ con elástico a un valor de 2 dólares por
unidad. El monto total fue de 40.000 dólares el contrato.
Uno
de los procesos que más llamó la atención de las autoridades de control fue la
compra urgente de 1.000 bolsas para embalaje de cadáver de adulto para las
diferentes áreas del hospital a un costo de 60.00 dólares cada una. El monto
por las cinco contrataciones que realizó el hospital general Machala del IESS
asciende a $ 1.769.864,60 dólares.
INTERNACIONALES
En “Conversando con
Correa”
DELCY RODRÍGUEZ SOBRE LA
OPERACIÓN GEDEÓN: TODO
EL EQUIPO DEL PRESIDENTE
OBJETIVO A ELIMINAR"
RT.- La interesante y reveladora conversación que Rafael
Correa y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantienen en esta
edición del programa comienza por la insoslayable y candente cuestión del coronavirus,
pero con una nota grata: Correa destaca que "Venezuela lo está haciendo
muy bien", al lograr, como reconoce la propia Rodríguez, "una de las
tasas más bajas por millón de habitantes en cuanto a morbilidad" y evitar
una curva de crecimiento exponencial como la que presentan otros
países vecinos.
Algo
que suscita una "sana envidia", en el expresidente de Ecuador, cuya
ciudad natal, Guayaquil, como el mismo reconoce, "ha sido un ejemplo
a nivel mundial de lo que no debe ocurrir".
INCURSIÓN ESTADOUNIDENSE
EN VENEZUELA
Enseguida
se impone en la conversación la grave situación geopolítica que
atraviesa Venezuela, respecto a la fallida incursión marítima que ha
sufrido el país, orientada a la captura violenta del presidente Nicolás Maduro,
en el marco de la llamada operación Gedeón.
"Todo
el equipo del presidente, tal y como está contemplado en el contrato
mercenario, también éramos un objetivo a eliminar", indica la
vicepresidenta, que más adelante se referirá en detalle a este
"contrato", y que asegura que "en los términos que está
planteada, la agresión y la amenaza por parte del Gobierno de los EE.UU. es
radical y es absoluta".
Eso
suscita una reflexión de Rafael Correa sobre las autoridades estadounidenses,
de quien indica que "justifican cosas injustificables", demostrando
"una gran doble moral, porque ellos jamás permitirían que ocurriera en su
territorio". Rodríguez le da la razón, definiendo a EE.UU. como "un
país que da la espalda al derecho internacional".
EL "CONTRATO MERCENARIO"
Y "LA
TORPEZA" DE GUAIDÓ
La
dirigente venezolana comenta ampliamente en esta charla con Correa el contrato firmado por el estratega político y asesor de Juan
Guaidó, Juan José Rendón, con la compañía estadounidense de seguridad
Silvercorp USA, en el que, según explica Rodríguez, "justamente se
establece que se captura al presidente Nicolás Maduro, se derroca a todo el
gobierno" y se otorga "libertad para masacrar al pueblo en caso de
protestas"."Así está establecido en el contrato", remacha
Rodríguez.
"Me
parece increíble también que ahora hasta las invasiones sean
privatizadas", repone Correa, que se muestra perplejo por "la
torpeza de Guaidó firmando un contrato", hasta el punto de preguntar a
Rodríguez si todo está tan confirmado como parece.
"Absolutamente
confirmado", asegura la vicepresidenta, que explica que Guaidó "no
solamente lo firmó", sino que también aparece en una grabación junto al
dueño de Silvercorp USA, "donde ya hablan de la firma del contrato".
"Hay suficientes pruebas de que él firmó para el magnicidio, para cometer
masacre contra el pueblo venezolano, para además continuar el despojo de todos
los recursos financieros de Venezuela", añade RODRÍGUEZ, QUE DEFINE EL
CONTRATO COMO "UNA COSA
PATÉTICA".
UNA "MANCHA JURÍDICA"
EN LA HISTORIA
En
una mirada retrospectiva, la vicepresidenta venezolana valora el apoyo que la
comunidad internacional, especialmente Europa, otorgó a Juan Guaidó tras su
autoproclamación. "Siempre se lo he dicho a los europeos, a los
embajadores acá: esto quedará como una mancha en la historia jurídica de
ustedes, que hayan apoyado y reconocido a una persona que va a una plaza
pública y se autoproclama presidente de la República".
Correa
coincide con Rodríguez: "Es sorprendente que reconozcan algo tan ridículo
como un presidente autoproclamado", indica, recordando que también "reconocieron
a la presidenta de facto de Bolivia".
OTRO ASESINATO NEOLIBERAL
A LIDER SOCIAL EN COLOMBIA
TELESUR.- Paramilitares
asesinaron al líder social Julio César Hernández en una zona rural del
municipio Tarazá, departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia,
denunció el jueves la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac).
La
entidad afirmó que fueron grupos de paramilitares los que cometieron el crimen
contra Hernández, de 47 años de edad y quien era el presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda San Antonio, del municipio de San José de Uré, en
los límites con el municipio de Tarazá.
El
activista de derechos humanos Leonardo González expresó en un mensaje colocado
en su cuenta de Twitter: “Otro líder asesinado en bajo Cauca. 2 en menos de 48
horas. Esta vez fue Julio César Hernández en cercanía al corregimiento La
Caucana de Tarazá”.
El
coordinador del Observatorio de conflictos y DD.HH. del Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló que Hernández era miembro de la
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca y beneficiario del Programa de
Sustitución de Cultivos Ilícitos.
El
homicidio ocurrió el miércoles pasado, y solo hasta el jueves 14 de mayo llegó
una comisión de la Fuerza Pública para hacer la inspección del cadáver,
indicaron medios locales de comunicación.
Agregaron
que Hernández había asumido la presidencia de la Junta de Acción Comunal de la
vereda San Antonio luego de que paramilitares asesinaran al anterior titular
del cargo.
El
miércoles pasado, paramilitares también incursionaron en el vecino municipio de
Cáceres, Antioquia, en la zona del Bajo Cauca, y acabaron con la vida del
dirigente comunal Teylor Cruz Gil.
DEPORTES
AUDIENCIA
ENTRE LA CONMEBOL
Y
LA FEF SE EJECUTARA EL LUNES
La
audiencia de seis miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) ante la Comisión de Ética de la Conmebol quedó diferida para el 18
de mayo.
La
presencia de los directivos Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amílcar Mantilla,
Édison Ugalde, Vicente Mantilla y Alfonso Murillo estaba prevista para este
jueves 14 de mayo de 2020, pero pidieron que se difiriera.
El
pedido se hizo porque la reunión se cruzaba con la audiencia de acción de
protección solicitada por Francisco Egas, pero luego de que el directivo
desistió de la misma, la diligencia no se realizó.
En
la comparecencia ante Conmebol, los seis miembros del directorio deberán
responder a los cuestionamientos de la Comisión de Ética, sobre los hechos
ocurridos en la FEF a partir del 24 de abril, cuando se decidió reestructurar
el directorio.
Francisco
Egas también fue convocado por la Comisión Ética para que presente sus pruebas
de descargo.
La
Comisión Ética de Conmebol está integrada por cinco miembros: Natalia Simeone,
de Argentina; Rudolf Fischer, de Paraguay; Carlos Terán, de Venezuela; Natale
Amprimo, de Perú; y Marcelo Buhatem, de Brasil.
En
ese sentido, la situación de la FEF podría aclararse con las resoluciones que
tome la Conmebol más adelante.
Tanto
Egas como Estrada no descansan en su intención de, en un caso, sostenerse en la
presidencia, y en el otro caso, asumir ese cargo de inmediato.
Tras
la decisión de reestructurar el directorio el 24 de abril, Egas interpuso una
acción de protección y se dictaron medidas cautelares antes de la realización
del Congreso Extraordinario, citado para el 1° de mayo. Ese día se aprobó la
modificación del directorio. Según Felipe Rodríguez, abogado de Egas, “se
sintieron muy poderosos (los seis miembros del directorio) y por encima de la
norma. Cayeron en el campo penal; el artículo 282 señala como desacato”,
explicó Rodríguez en referencia a la realización del Congreso Extraordinario.
La
defensa de Estrada, conducida por Luigi García, alude que la actuación del
directivo “atentó contra el principio de autonomía de las federaciones de
fútbol”. “Francisco Egas desistió de la acción de protección. Evidenció y quedó
al desnudo de que no podía acudir a la justicia ordinaria porque le hacía daño
a la autonomía del fútbol mundial”, explicó. Según García, más adelante pedirán
una auditoría a la gestión de Egas, ya que consideran que se cometieron
“irregularidades”.
También
planean iniciar un juicio penal contra el directivo por “fraude procesal”. Egas
es reconocido como presidente de la FEF por la Conmebol y por eso estuvo
presente como representante del organismo en la reunión del consejo del pasado
miércoles. Adicionalmente a eso, la ministra de Gobierno, María Paula Romo,
indicó que este viernes 15 de mayo recibirá a Egas en el Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) para discutir sobre protocolos para el eventual regreso del
fútbol.
Según
García, que aún no reconozca a Estrada como presidente de la FEF tiene una
explicación. “Todavía no tenemos el oficio del juez competente en el que se
levanta la medida cautelar.
Cuando
se despache nuestro pedido vamos a conminar a la Secretaría del Deporte para
que inscriba el nuevo directorio y tenga el aval internacional”, señaló.
La
defensa de Egas argumenta que tienen el reconocimiento de Conmebol y de FIFA,
entidades que se refieren a Jaime Estrada como vicepresidente. Más allá de
aquello, García señaló que después de que se desestimó la acción de protección
tienen “la vía expedita”, que es el derecho deportivo.
En
el Congreso Extraordinario, Estrada contó con el respaldo de 46 entidades,
entre clubes y asociaciones. Otros 30, entre asociaciones y clubes, están a
favor de Egas. El caso está en manos de la Conmebol. El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) es otra instancia a la que podrían acudir. El fútbol amateur es
mayoría entre los directivos de la FEF
Los
seis miembros del directorio de la FEF que deberán comparecer ante la Comisión
de Ética de la FEF tendrán que exponer las razones por las cuales decidieron
reestructurar el directorio.
Estrada
llegó a la FEF como vicepresidente de Egas. Anteriormente estuvo vinculado al
club Manta, donde fue presidente y también jugador. Carlos Galarza, tercer
vocal principal, ocupó el cargo de presidente de la comisión de arbitraje y
antes estuvo en la comisión de fútbol femenino. Vicente Mantilla es
representante del fútbol amateur de Guayas. En otros directorios estuvo en el
fútbol sala. Alfonso Murillo, séptimo vocal principal, es del fútbol amateur de
Manabí. Fue secretario de CONFA. Mientras que Amílcar Mantilla proviene del
fútbol amateur de Pichincha y Édison Ugalde, lo propio, pero del fútbol amateur
de Esmeraldas.
NOTIORO MACHALA: Ricardo
Querubín Zambrano –Las Brisas Mz. B4 Villa 1 – Teléfonos:
(07)6004690-0991054125.Email. rqzambrano@hotmail.com Machala - El Oro –
