CORRUPCCION EN EL GOBIERNO

NEOLIBERAL DE LENIN MORENO

SIN CUARENTENA

La sociedad ecuatoriana está indignada, ahora conoce que en materia de corruptela no solamente se ha hecho un asalto en obra física, sino que se está afectando intereses de la propia vida, el comprar insumos y medicinas a sobreprecio, favoreciendo a un grupo de delincuentes, mientras la gente se moría sin atención médica, sobrepasó todos los límites.

Lo que hoy se sabe de los carnés de discapacidad, que permitieron que personas con discapacidad moral y ética importen vehículos, no solo espanta a todos, sino que vulnera los derechos de quienes tienen discapacidad. Señala German Rodas, Presidente de la Comisión de Anticorrupción nacional en una entrevista que publica Diario El Mercurio de Cuenca.

Al referirse sobre las sanciones a los autores de estos delitos. Rodas manifestó “Lamentablemente estamos viendo que se está sancionando a mandos medios que son los que facilitaron la entrega de los carnés, que obviamente también deben ser castigados, pero hay que ir a los responsables políticos”

PREMIOS EN VEZ DE SANCIONES

El medio azuayo le preguntó quienes debería ser sancionados y German Rodas manifestó que
Las dos últimas administraciones del Ministerio de Salud permitieron la venta de insumos y medicamentos con sobreprecio y ahora también tienen el conflicto de los carnés, la responsabilidad es de las exministras Verónica Espinoza y Catalina Andramuño que, en lugar de estar respondiendo ante la justicia, la una está becada en el exterior y a la otra le dieron un cargo importante en el propio Ministerio. Ellas no pueden desligarse de su responsabilidad de hacer control, no puede ser que bajo su administración se dé un asalto a los fondos públicos y ellas simplemente no sepan nada.

SANCIONES PARA TODOS

Se debe poner ejemplo de una sanción igualitaria a todos, al que corrompe y al que se deja corromper, en el caso de los carnés se debe sancionar también a los grupos empresariales que hacían el negocio de la importación de vehículos, se debe retirar los vehículos que fueron obtenidos fraudulentamente u obligarles a pagar lo que les correspondía en tributos, dejar claro que la corrupción no le hace bien a nadie y no se le debe permitir a nadie.

DELITOS DE CORRUPCION

NO SE DETIENEN

Como se podrá detectar en el Ecuador actual, cuyo presidente dijo realizaría una cirugía mayor, pero lo que ha operado es una repartición mayor de los recursos del estado a viejos y corruptos políticos que incorporo para que lo ayuden a gobernar y los efectos se los ve ahora y la responsabilidad mayor no se la nombra, peor castiga.

Fuente: Diario Mercurio – Notioro Machala

EL PRESIDENTE DEL BANCO DE

DESARROLLO ASUMIO CARGO

SIENDO FISCALIZADOR CNEL

Otra denuncia de Corrupción cuántica

Carlos Julio Jaramillo es el gerente del Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE) desde el 26 de septiembre de 2018. Asumió el puesto mientras tenía a su nombre un contrato para la fiscalización de una de las obras del proyecto de reconstrucción de Manabí, específicamente en Bahía de Caráquez.

Dos años más tarde, los fantasmas de ese contrato aún lo persiguen. Jaramillo demandó al Estado Ecuatoriano y espera que le paguen USD 141.236. Y, a pesar de que fue declarado como contratista incumplido con el Estado por unos meses, ejerce su cargo público.  
Los documentos del proceso con CNEL, a los que accedió la prensa digital, son contradictorios. El contrato fue terminado unilateralmente, pero esa resolución se dio de baja con un cambio directivo y, luego, el contrato se terminó de nuevo, pero por mutuo acuerdo. Aquí ya empezó un olor a corrupción

ORIGEN DEL DESACUERDO

El soterramiento de redes eléctrica en Bahía es uno de los proyectos del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el terremoto (Priza), manejado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). A mediados de 2017, Priza empezó la contratación del soterramiento en Bahía de Caráquez, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 2016.

La obra fue adjudicada a la empresa Planman S.A. y la fiscalización, a Carlos Julio Jaramillo. Pero, CNEL encontró que la obra se había comenzado sin estudios ni diseños completos y definitivos. Además, Planman había presentado garantías falsificadas, por lo que el contrato se dio por terminado unilateralmente en marzo de 2018. Apenas había un 11,84% de avance de la obra. Sin una obra, la fiscalización también debía terminar.

El contrato se suspendió el 22 de febrero de 2018, con la paralización de las obras. Así que CNEL comenzó con los trámites para la negociación con Jaramillo y terminar el contrato de mutuo acuerdo.

Pero, aquí comenzaron los problemas. Según los documentos del proceso disponibles en el portal de Compras Públicas, Jaramillo no estuvo de acuerdo con el dinero que le ofrecían. El problema estaba en que Priza consideraba que el contratista debía devolver dinero, pero él creía que tenían que pagarle más.

Según Priza, las normas de contratación pública vigentes a la fecha establecían que el pago de la fiscalización se hacía en relación directa con el avance de la obra a fiscalizar. Es decir, si la obra avanza un 10%, al fiscalizador se le paga un 10%.

Por ello, según los cálculos de Priza, Jaramillo debía devolver USD 79.545, pues la ejecución de la obra solo llegó al 11,84% y el valor del anticipo pagado por la fiscalización era mayor al avance.

Jaramillo, en cambio, reclamaba el pago del trabajo que había realizado, que según él no alcanzaba con el valor del anticipo.

JARAMILLO INCUMPLE PERO

ES SANCIONADO CON CARGO

DE GERENTE DEL BDE

El desacuerdo de Jaramillo con la liquidación de Priza nace del contrato mismo, que establece una forma de pago diferente a la que mandaba entonces la ley. El contrato señala que el pago será por planillas mensuales de igual valor, prorrateadas durante el plazo de ejecución. Es decir, el valor total del contrato para el soterramiento de cables en Bahía se dividiría para los meses de trabajo.

Por esa razón, para Jaramillo, él no le debía dinero a Priza, sino que Priza le debía dinero a él. Frente a la falta de acuerdo, Priza decidió dar por terminado el contrato unilateralmente el 26 de octubre de 2018, a pocos días de la posesión de Jaramillo en el BDE.

Entre los argumentos, está que el fiscalizador no informó “de la falta de estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos“. Roberto Dávila, el gerente de Priza que firmó la terminación unilateral del contrato, señala que la ley está por sobre el contrato y que, por tanto, Jaramillo debía devolver los USD 79.545. Como no lo hizo, Dávila mandó a ejecutar la póliza de buen uso del anticipo, pero fue separado de su puesto en diciembre de 2018.

Finalmente, Jaramillo no pagó y la póliza no se ejecutó. Fue incluido como contratista incumplido del Estado en enero y febrero de 2019. Esta es una prohibición para ejercer cargo público que debería haber causado su separación de la gerencia del BDE. Pero, en marzo de 2019, el nombre de Jaramillo desapareció de los listados de contratistas incumplidos de CNEL.

A la fecha, no aparece con ninguna prohibición en el portal de Compras Públicas. Jaramillo dice que él desconocía de estos documentos. El funcionario asegura que el contrato nunca fue terminado unilateralmente, sino por mutuo acuerdo. Y dice que nunca fue declarado contratista incumplido con el Estado.

NUEVA TERMINACIÓN

DEL CONTRATO

Otros documentos que no constan en Compras Públicas y que fueron entregados por Jaramillo, después de la entrevista con Diario Primicias, dan cuenta de que la terminación unilateral del contrato se dio de baja pocos días después de emitida.
Y con eso, el 25 de abril de 2019, Diego Orbe, nuevo gerente de Priza, dio por terminado nuevamente el contrato, ahora por mutuo acuerdo. Un día después, Orbe y Jaramillo suscribieron el acta de terminación del mutuo acuerdo. Allí, CNEL se compromete a pagar USD 172.549,78 como liquidación del contrato de fiscalización. Según Jaramillo, ese dinero no le ha sido pagado aún. Asegura que no ha presionado ni avanzado en gestiones por su actual condición de funcionario público. Sin embargo, sí tiene un juicio en contra de CNEL, que presentó en julio de 2018 en su natal Cuenca ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La demanda se interpuso antes de la terminación unilateral, cuando no se ponían de acuerdo si había que devolver dinero o pagarlo. Según la demanda, Jaramillo entregó seis planillas “que han sido debidamente aceptadas y firmadas tanto por el administrador del contrato así como por la fiscalización”. El valor de las planillas, ya restado el monto del anticipo, sumaría USD 141.236,68, un valor menor al del acuerdo de terminación del contrato. En la demanda, Jaramillo sostiene que, a pesar de que pidió que le paguen esos valores, CNEL no le ha depositado el dinero. El proceso judicial avanza lentamente. En enero de 2020, el Tribunal recién logró entregar la citación a la gerencia de Priza.

INFORME DE CONTRALORÍA  CON

OBSERVACIONES DESVANECIDAS

Diario Primicias, autor de esta nota,  tuvo acceso a un informe borrador de Contraloría que observa al Plan Priza por la forma de pago establecida en los contratos de fiscalización, entre ellos el de Bahía.

El ente de control cuestionó en ese borrador que se haya establecido el pago de valores prorrateados, pues las normas de Contratación Pública establecían que el pago de la fiscalización debe hacerse conforme el avance de la obra.

La observación de Contraloría era que esta forma de pago no guarda relación con el contrato de obra, lo que “no se ajustó a la necesidad de los proyectos”. Pero, la observación no se incluyó en el informe final y definitivo.

Jaramillo explicó que el tema se sacó de la auditoría porque las observaciones fueron subsanadas con su explicación sobre cómo debían hacerse los pagos. Además señaló que, aunque esa forma de pago no era la mejor para los contratistas, la aceptó porque el porcentaje del anticipo era muy bajo.

Fuente: Diario Primicias de Quito        

DEFICIENCIAS EN CORREOS DEL

ECUADOR SE ORIGINAN DESDE

EL 2017

Hasta septiembre pasado, la firma estatal registraba 997 920 paquetes en bodega, según un informe al que se accedió. La mayoría de esos envíos, reconoció Correos, está represada desde el 2017 y lo atribuyó irresponsablemente  a la emergencia sanitaria impactó en el servicio, así como también “al desconocimiento de los clientes sobre la forma de pago y retiro”. Y dijo que procura informar al cliente de los pasos a seguir y el valor a pagar de USD 3,49. Pero, incluso, clientes que pagaron ese valor no han recibido los envíos como Aída, quien canceló USD 6,98 por dos pedidos en marzo pasado.

La estatal reconoció algunos inconvenientes que, aunque frenaron la entrega de los envíos indicó, aunque  que luego fue reabriendo sus agencias y ahora “labora de la manera más ágil posible”.

Si se multiplica USD 3,49 por los paquetes represados hasta septiembre, la firma ha dejado de recibir USD 3,5 millones en potenciales ingresos, aunque hay que considerar que no se conoce cuántos clientes pagaron y cuántos nuevos envíos se acumularon desde entonces. Todo esto en momentos en que hay grandes necesidades de liquidez.

La pésima administración de Correos del Ecuador se inicia con el actual presidente Moreno en el 2017 y hecha al traste el prestigio que había ganada a nivel nacional y más aún, internacionalmente por su agilidad en  la entrega de encomiendas, durante el pasado gobierno donde se rescató este empresa pública  que ahora fenece por malos manejos al igual que otras que han entrado en liquidación

Correos dijo que adeuda salarios a trabajadores de marzo, abril y mayo, por USD 1,5 millones. Para cubrirlos, sin sonrojarse por lo menos y demostrando su incapacidad administrativa actual, enajenará dos edificios.

En un plantón realizado hace dos semanas en Quito, los trabajadores lamentaron el cierre de la firma y que no se haya continuado con el plan de mejora emprendido durante el pasado gobierno y ahora los perjudicados son los empleados y trabajadores que se quedarán en la calle, sin trabajo y sin el pago de los trabajado. Estilo único del famoso neoliberalismo.

INFORMACION ESTATAL POCO

TRANSPARENTE EN ECUADOR

Un manejo poco transparente de la información y las irregularidades que se denuncian en las compras públicas ponen a la entidades del Estado como poco confiables a los ojos de la ciudadanía.

Desde 2004, con la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información (Lotaip), es de obligatorio cumplimiento para los organismos públicos poner a disposición de la comunidad información clara y detallada sobre las actividades relativas a su gestión. Sin embargo, no todos acatan la norma.

Para muestra basta un botón: en esta emergencia por el COVID-19, once organismos, entre ellos seis ministerios (Educación, Inclusión Económica, Finanzas, Gobierno, Trabajo y Defensa) fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo por no difundir de forma clara y completa en sus portales web, la información sobre su gestión y el buen uso de los recursos públicos.

Desde la declaratoria de emergencia 937 entidades han efectuado 6.694 procesos de contratación, a través de las cuales han adjudicado contratos por $ 203’130.379 a 3.438 proveedores del Estado, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Pero el reporte obligatorio de los detalles de eso contratos no ha sido cumplido por todos los contratantes. El 26 % no lo hizo, en desacato a la ley.

Yo tengo evidencia de que incluso a altas autoridades, como asambleístas y fiscales, la entidades les han negado la información, y eso es violatorio a la Ley de Transparencia.

FUNDACION ESQUEL

El acceso a datos sobre contrataciones y temas de interés es otro de los problemas inclusive para la prensa. El Ministerio de Salud Pública, acosado por los periodistas que buscaban respuestas frente al escandaloso caso de los carnés de discapacidad, eliminó el chat de contacto con los comunicadores que mantenía por WhatsApp, y optó por crear un canal para información unidireccional. Una similar decisión había adoptado días antes el área de Comunicación de la Cancillería.

La inconformidad ciudadana se produce también por el embrollado acceso a los procesos de contratación pública, que se manejan en el portal de Compras Públicas administrado por el Sercop.

Hasta mayo de 2020, en Ecuador se han adjudicado contratos por $ 80.897 millones, en el que han participado 4.300 instituciones del Estado como contratantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Silvana Vallejo, directora del Sercop, precisó el rol de ese organismo en los procesos de contratación, durante el foro virtual El rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción durante la pandemia COVID-19, realizada la semana pasada. 

Para la adquisición de bienes y servicios los entes públicos recurren a tres tipos de contratación: Régimen Común, Régimen Especial y procedimientos especiales. En este último se enmarcan las compras por emergencia, en los cuales, menciona Vallejo, hay que resolver un problema inminente. 

En los procedimientos de régimen común, aclara, tienen una intervención preventiva de control, mas no en los de emergencia, donde la responsabilidad, según dijo, recae sobre entidades como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

La directora del Sercop recordó que a través de una resolución del pasado 19 de marzo, la entidad obligó a las instituciones públicas a publicar en tiempo real, la información de las compras ejecutadas durante la emergencia sanitaria (Datos abiertos).

Para Vallejo, en el tema de la contratación pública se tienen claras las reglas del juego. “Nosotros somos el árbitro y debemos velar porque los jugadores (así se refirió a contratantes y proveedores) estén bajo esa reglas”, señaló.

LAS LIMITACIONES

Declaración de bienes. La Contraloría solo permite revisar en su página web las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios solo del último año, pero no de los anteriores.

Contrataciones. El Sercop eliminó de su sistema digital el link Inteligencia de Negocio, que permitía revisar en detalles los procesos de contratación pública de los últimos tres años. 

Proveedores. El portal no permite  encontrar procesos de contratación por nombre de proveedor. 

INTERNACIONALES

LUIS ABINADER DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO LIDERA EL

CONTEO DE VOTOS

Sería el nuevo presidente de
República Dominicana

La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana presentó los resultados preliminares de los comicios generales realizados el domingo e indican que el candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, lidera el conteo de votos para la Presidencia del país.

De acuerdo con los resultados preliminares, Abinader encabeza la contienda con el 53,07 por ciento de los votos, tras haberse computado 10.063 colegios, el 58,84 por ciento de los 17.100 colegios instalados durante la jornada electoral dominical.

En segundo lugar está el candidato por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, con un 37,25 por ciento; y en tercer lugar el representante de Fuerza del Pueblo (FP), el expresidente Leonel Fernández, con 8,62 por ciento.

La Presidencia fue disputada por Abinader, Castillo y Fernández; así como por el representante por Alianza País, Guillermo Moreno; por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Juan Cohen; y por el Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes.

De confirmarse su victoria al concluir el escrutinio del 100 por ciento de los colegios electorales, Abinader evitaría la segunda vuelta electoral al conseguir más del 50 por ciento de los votos necesarios, según la ley electoral, y asumiría la presidencia del país caribeño el 16 de agosto próximo.

Con respecto a las elecciones de senadores, en el primer boletín de la JEC se registra que el PRM habría obtenido 18 escaños de los 32 en disputa, ya que sus candidatos mantienen la ventaja en ese número de provincias.

Después le sigue el PLD, quien va liderando en ocho provincias; mientras que en las otras seis lideran Fuerza del Pueblo y al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

A las 17H00 (hora local) empezó el cierre de las mesas electorales para dar paso al escrutinio de los votos para elegir no solo al nuevo mandatario, sino al vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados.

La JCE declaró previamente que los primeros resultados se presentarían tres horas después del cierre, a las 20H00 (hora local) o hasta alcanzar el 20 por ciento del escrutinio.

La jornada electoral empezó a las 07H00 (hora local) bajo medidas de bioseguridad ante la pandemia de la Covid-19, con 17.001 colegios electorales habilitados.

DEPORTES

TOÑO VALENCIA DESVINCULADO

DE LIGA BUSCA JUGAR FUERA DE

ECUADOR

LDU no podía pagarle 150 mil mensuales

Con sus derechos deportivos en la mano, Antonio Valencia tiene la libertad para negociar con cualquier club del mundo su vinculación. Ayer, Liga de Quito anunció la desvinculación de Valencia por la crisis financiera que atraviesa, al igual que otros equipos de la LigaPro, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Ahora el tricolor, que actuó diez temporadas en el Manchester United y fue su capitán, escuchará ofertas. Desde hace tres años se ha comentado sobre la posibilidad de que pueda fichar por clubes de Italia, Turquía y hasta China, pero siempre sonó con más fuerza la MLS.

“(La MLS) es una opción que me gustaría porque está más cerca de mi país, y también porque podría estar más cerca de la familia, pero veremos qué pasa más adelante”, apuntó el volante a mediados del 2019 antes de firmar contrato con los blancos.

En ese año, su padre, Luis Valencia, comentó: “Se habló por el tiempo de contrato en Estados Unidos, pero restaría definir lo económico y deportivo”.

Otro club que se mostró interesado en ficharlo desde su estadía en Inglaterra fue el Galatasaray de Turquía.

El cuadro con más títulos en el torneo turco, 22 en total, tiene el poder económico para cumplir con las condiciones del ecuatoriano; hace diez meses fichó al delantero colombiano Radamel Falcao García, que militó en el AS Mónaco.

Brasil también sería una opción para Valencia, por el poder económico que tienen clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, entre otros, todo está en la propuesta que le hagan.

Según Polo Carrera, ídolo del cuadro capitalino, Toño (el 4 de agosto cumplirá 35 años) era el mejor pagado del balompié nacional con un sueldo de $140 000. El segundo en la lista con un alto honorario es el volante creativo Damián Díaz con más de $74 000, según el informe de auditoría que la firma PKF hizo en el Barcelona Sporting Club con corte al 30 septiembre de 2019

RONALDINHO ABRIA LLORADONOTIORO MACHALA: Ricardo Querubín Zambrano –Las Brisas Mz. B4 Villa 1 – Teléfonos: (07)6004690-0991054125.Email. rqzambrano@hotmail.com Machala -  El Oro –