FUERA LASSO ASPIRACION
NACIONAL PARA SALIR DE
LA CRISIS
Pedido de Revocatoria en el CNE
NACIONAL PARA SALIR DE
LA CRISIS
Pedido de Revocatoria en el CNE
Frente
Unidad para Vencer (FUPV) —agrupación que es parte de la Asamblea del Poder
Popular de Guayas, organización que aglutina a más de diez colectivos políticos
y sociales de la provincia— anunció este jueves que el pedido de revocatoria de
mandato del presidente Guillermo Lasso que presentó su director, Renzo
Troncoso, continúa su trámite en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El dirigente indicó que el 25 pasado de octubre presentó en el CNE una nueva solicitud de entrega de formularios para recoger firmas que posibiliten el pronunciamiento popular que pueda revocar el mandato de Lasso por incumplir con el deber de proteger y salvaguardar la soberanía e independencia nacional. Además, el accionar del mandatario estaría presuntamente atentando contra los artículos 147 y 416 de la Constitución, mencionó el dirigente.
En cuanto al estado de su petición en el CNE, mencionó que recibieron la respuesta de que deben ordenar cierta documentación, lo que tienen previsto hacer esta misma semana para que el proceso continúe.
Según Troncoso, serán más de un millón las firmas que deberán recolectar, pero asegura que van a conseguir más para evitar cualquier inconveniente con el CNE, para lo que cuentan con el respaldo de varias organizaciones sociales.
Sobre el motivo para pedir la revocatoria, subrayó que es posible de constatar con la presentación de varios documentos que prueban que el presidente Lasso no ha cumplido con el deber de proteger y salvaguardar la soberanía e independencia nacional al favorecer y apoyar un proyecto de ley que se tramita en el Congreso de Estados Unidos.
Se trata de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, que se aprobó en una de las comisiones del Senado en marzo de este año y que se espera se vote, antes de acabar el 2022, en el pleno para ser promulgada como norma.
El proyecto de ley fue presentado por los senadores Bob Menéndez —presidente del Comité de Relaciones Exteriores—, Jim Risch, Tim Kaine y Marco Rubio. Se enfoca en una estrategia de fortalecimiento de la cooperación entre EE. UU. y Ecuador en temas de interés mutuo, como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del crecimiento económico inclusivo, entre otros temas vinculados a la seguridad.
Sin embargo, para Troncoso la aprobación de esta ley podría causar que el país “pierda su facultad soberana de determinar su política internacional frente a terceros Estados, y se sometería a las políticas, dictados e intereses de una de las potencias mundiales”. Además, mencionó que los legisladores estadounidenses ya son conocidos por tratar de tener injerencia en países latinoamericanos.
Troncoso manifestó que la Asamblea Nacional ya consideró este tema el 6 de junio pasado, cuando aprobó la resolución RL072, en la que “condenó la posición servil del presidente Lasso, del canciller Juan Carlos Holguín, que atentan gravemente (contra) la soberanía nacional”.
Las organizaciones sociales que integran la Asamblea Popular del Poder comparan esta situación con “otros episodios vergonzosos en la historia ecuatoriana, tales como el pedido que hizo el presidente Gabriel García Moreno a Francia en 1859 para que acepte al país como protectorado, la venta de la bandera en 1894 y la entrega del mar territorial en 1963 por parte de la dictadura militar”.
En tanto, el FUPV anunció también que el próximo 15 de noviembre se movilizarán en el centro de Guayaquil para conmemorar el centenario de la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922.
El dirigente indicó que el 25 pasado de octubre presentó en el CNE una nueva solicitud de entrega de formularios para recoger firmas que posibiliten el pronunciamiento popular que pueda revocar el mandato de Lasso por incumplir con el deber de proteger y salvaguardar la soberanía e independencia nacional. Además, el accionar del mandatario estaría presuntamente atentando contra los artículos 147 y 416 de la Constitución, mencionó el dirigente.
En cuanto al estado de su petición en el CNE, mencionó que recibieron la respuesta de que deben ordenar cierta documentación, lo que tienen previsto hacer esta misma semana para que el proceso continúe.
Según Troncoso, serán más de un millón las firmas que deberán recolectar, pero asegura que van a conseguir más para evitar cualquier inconveniente con el CNE, para lo que cuentan con el respaldo de varias organizaciones sociales.
Sobre el motivo para pedir la revocatoria, subrayó que es posible de constatar con la presentación de varios documentos que prueban que el presidente Lasso no ha cumplido con el deber de proteger y salvaguardar la soberanía e independencia nacional al favorecer y apoyar un proyecto de ley que se tramita en el Congreso de Estados Unidos.
Se trata de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, que se aprobó en una de las comisiones del Senado en marzo de este año y que se espera se vote, antes de acabar el 2022, en el pleno para ser promulgada como norma.
El proyecto de ley fue presentado por los senadores Bob Menéndez —presidente del Comité de Relaciones Exteriores—, Jim Risch, Tim Kaine y Marco Rubio. Se enfoca en una estrategia de fortalecimiento de la cooperación entre EE. UU. y Ecuador en temas de interés mutuo, como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del crecimiento económico inclusivo, entre otros temas vinculados a la seguridad.
Sin embargo, para Troncoso la aprobación de esta ley podría causar que el país “pierda su facultad soberana de determinar su política internacional frente a terceros Estados, y se sometería a las políticas, dictados e intereses de una de las potencias mundiales”. Además, mencionó que los legisladores estadounidenses ya son conocidos por tratar de tener injerencia en países latinoamericanos.
Troncoso manifestó que la Asamblea Nacional ya consideró este tema el 6 de junio pasado, cuando aprobó la resolución RL072, en la que “condenó la posición servil del presidente Lasso, del canciller Juan Carlos Holguín, que atentan gravemente (contra) la soberanía nacional”.
Las organizaciones sociales que integran la Asamblea Popular del Poder comparan esta situación con “otros episodios vergonzosos en la historia ecuatoriana, tales como el pedido que hizo el presidente Gabriel García Moreno a Francia en 1859 para que acepte al país como protectorado, la venta de la bandera en 1894 y la entrega del mar territorial en 1963 por parte de la dictadura militar”.
En tanto, el FUPV anunció también que el próximo 15 de noviembre se movilizarán en el centro de Guayaquil para conmemorar el centenario de la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922.
JORGE GLAS INOCENTE
ESO SIEMPRE SE SUPO
Deberán pagar los que apresaron
Al líder revolucionario
Deberán pagar los que apresaron
Al líder revolucionario
Luego
de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declarase nulo todo lo
actuado en el proceso judicial del caso Singue, la sentencia contra Jorge Glas
y otras siete personas quedó insubsistente. De esta manera, el exvicepresidente
del correísmo queda únicamente con dos sentencias en firme: Seis años de cárcel
por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ocho años de cárcel por cohecho en
el caso Sobornos.
LAS OTRA VIOLACIONES
AL PROCESO
Las penas de Glas suman 14 años. Dependerá de un juez decidir cómo se computan y cuánto tiempo debe cumplir en prisión antes de acceder al beneficio de la prelibertad. Paulina Araujo, abogada penalista, explica que en este caso hay dos lecturas: Por un lado, se podría considerar que como Glas fue juzgado con base en el Código Penal derogado, en la ejecución y cómputo de las penas se debería aplicar la misma norma.
Según el código derogado, cuando una persona tiene más de una pena, actúa el principio de absorción. Es decir, la condena más larga absorbe a la más corta. En este caso, Glas solo debería cumplir los ocho años por el caso Sobornos. La otra alternativa es que, como las sentencias se dieron cuando ya estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para la ejecución debería aplicarse esta norma.
Según esta norma, las penas se acumulan hasta el doble de la pena mayor. Es decir, Glas debería cumplir los 14 años completos. En este escenario, la defensa de Glas deberá plantear un recurso de unificación de penas y el juez que asuma la causa debe determinar el cómputo final.
En noviembre de 2021 y en enero de 2022, Glas ya interpuso ese recurso, pero en ambas ocasiones le fue negado porque estaba de por medio la sentencia del caso Singue. Ahora, sin ese proceso activo, el camino se abriría. Glas está preso desde octubre de 2017.
Entre abril y mayo de 2022, con base en un habeas corpus que luego fue anulado, estuvo 40 días en libertad. Es decir, hasta el 10 de octubre de 2022 el exvicepresidente ya cumple 1.825 días preso. Si se le aplica el Código Penal derogado, ya habría cumplido el 62% de la pena y estaría listo para salir en prelibertad. Pero, si se le aplica el COIP, apenas tendría el 36% de la pena cumplida y todavía seguiría detenido.
¿SE APELARÁ LA NULIDAD?
En el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no se evaluó la sentencia de primera instancia que halló culpables a siete implicados en el caso Singue. Los jueces declararon nula toda la investigación, la audiencia intermedia y el juicio.
Esto porque el caso se construyó con base en un informe de Contraloría, pero dos sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo declararon inválido el informe por extemporáneo. Juan Pablo Albán y Paúl Ocaña, abogados de los procesados, explican que esta decisión es definitiva porque la Corte Nacional emitió una resolución con la que se elimina la posibilidad de impugnar una declaración de nulidad en etapa de apelación.
Se trata de la resolución No. 14 del 2 de diciembre de 2022. Este documento dispone que “el auto de nulidad (…), dictado de oficio o a petición de parte por un Tribunal de Apelación o de Casación, no es susceptible de recurso de apelación “. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía mostró su “profunda preocupación” por la declaración nulidad procesal con base en la invalidez del informe de Contraloría, ya que este era un indicio más.
LAS OTRA VIOLACIONES
AL PROCESO
Las penas de Glas suman 14 años. Dependerá de un juez decidir cómo se computan y cuánto tiempo debe cumplir en prisión antes de acceder al beneficio de la prelibertad. Paulina Araujo, abogada penalista, explica que en este caso hay dos lecturas: Por un lado, se podría considerar que como Glas fue juzgado con base en el Código Penal derogado, en la ejecución y cómputo de las penas se debería aplicar la misma norma.
Según el código derogado, cuando una persona tiene más de una pena, actúa el principio de absorción. Es decir, la condena más larga absorbe a la más corta. En este caso, Glas solo debería cumplir los ocho años por el caso Sobornos. La otra alternativa es que, como las sentencias se dieron cuando ya estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para la ejecución debería aplicarse esta norma.
Según esta norma, las penas se acumulan hasta el doble de la pena mayor. Es decir, Glas debería cumplir los 14 años completos. En este escenario, la defensa de Glas deberá plantear un recurso de unificación de penas y el juez que asuma la causa debe determinar el cómputo final.
En noviembre de 2021 y en enero de 2022, Glas ya interpuso ese recurso, pero en ambas ocasiones le fue negado porque estaba de por medio la sentencia del caso Singue. Ahora, sin ese proceso activo, el camino se abriría. Glas está preso desde octubre de 2017.
Entre abril y mayo de 2022, con base en un habeas corpus que luego fue anulado, estuvo 40 días en libertad. Es decir, hasta el 10 de octubre de 2022 el exvicepresidente ya cumple 1.825 días preso. Si se le aplica el Código Penal derogado, ya habría cumplido el 62% de la pena y estaría listo para salir en prelibertad. Pero, si se le aplica el COIP, apenas tendría el 36% de la pena cumplida y todavía seguiría detenido.
¿SE APELARÁ LA NULIDAD?
En el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no se evaluó la sentencia de primera instancia que halló culpables a siete implicados en el caso Singue. Los jueces declararon nula toda la investigación, la audiencia intermedia y el juicio.
Esto porque el caso se construyó con base en un informe de Contraloría, pero dos sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo declararon inválido el informe por extemporáneo. Juan Pablo Albán y Paúl Ocaña, abogados de los procesados, explican que esta decisión es definitiva porque la Corte Nacional emitió una resolución con la que se elimina la posibilidad de impugnar una declaración de nulidad en etapa de apelación.
Se trata de la resolución No. 14 del 2 de diciembre de 2022. Este documento dispone que “el auto de nulidad (…), dictado de oficio o a petición de parte por un Tribunal de Apelación o de Casación, no es susceptible de recurso de apelación “. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía mostró su “profunda preocupación” por la declaración nulidad procesal con base en la invalidez del informe de Contraloría, ya que este era un indicio más.
EL POLICIA SU ESPOSA
Y OTROS CULPABLES D’
SICARIATO A NIÑA
Serán llamados a juicio
Y OTROS CULPABLES D’
SICARIATO A NIÑA
Serán llamados a juicio
IBARRA.
- El Juez de Garantías Penales de
Imbabura, Francisco Chacón, llamó a juicio al policía Luis Andrés L.,
su esposa Marisol G., José L. y Ufredo B. como coautores del sicariato de
la hija del uniformado, una niña de 7 meses.
El crimen se registró el 20 de abril de 2022 en Ibarra.
El juez tomó esa resolución tras haber analizado los más de 50 elementos de convicción presentados por el fiscal Jhonny Hurtado, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio-
El Fiscal expuso como elementos de convicción: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, una pericia de audio, video y afines efectuada al teléfono celular de Ufredo B., del cual se extrajo conversaciones con Marisol G. –alias «la Majo»–, relacionadas con el hecho. Además, se hizo un cotejamiento de voces de esos audios, que determinaron que corresponden a los dos procesados.
También presentó una pericia balística que estableció que la vaina encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por el arma de dotación policial –entregada por el uniformado a uno de los sicarios– para cometer el delito
Asimismo, las pericias de identidad humana indicaron que las características fisonómicas de las personas que aparecen en fotografías proporcionadas por el ECU 9-1-1 y por otros ciudadanos, coinciden con las de los procesados.
Fiscalía también refirió el testimonio anticipado de Ufredo B., en el que narró que el uniformado y su cónyuge le pagaron 3.500 dólares para perpetrar el acto ilícito contra la madre de la niña (expareja del policía), a quien Luis L. llamó por teléfono y le pidió que salga de su domicilio para hablar. Ella salió y en ese momento llegaron Ufredo B. y José Luis L. en una moto y dispararon.
El fiscal anunció 47 pruebas testimoniales y treinta y ocho documentales y periciales para la audiencia de juzgamiento que se desarrollará próximamente,
Información jurídica
Este caso se judicializa según el artículo 143, incisos 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero los procesados podrían enfrentar una pena de hasta 34 años y seis meses por existir circunstancias agravantes, como haber actuado en pandilla y cometer la infracción contra una persona que pertenece a un grupo vulnerable.
El crimen se registró el 20 de abril de 2022 en Ibarra.
El juez tomó esa resolución tras haber analizado los más de 50 elementos de convicción presentados por el fiscal Jhonny Hurtado, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio-
El Fiscal expuso como elementos de convicción: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, una pericia de audio, video y afines efectuada al teléfono celular de Ufredo B., del cual se extrajo conversaciones con Marisol G. –alias «la Majo»–, relacionadas con el hecho. Además, se hizo un cotejamiento de voces de esos audios, que determinaron que corresponden a los dos procesados.
También presentó una pericia balística que estableció que la vaina encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por el arma de dotación policial –entregada por el uniformado a uno de los sicarios– para cometer el delito
Asimismo, las pericias de identidad humana indicaron que las características fisonómicas de las personas que aparecen en fotografías proporcionadas por el ECU 9-1-1 y por otros ciudadanos, coinciden con las de los procesados.
Fiscalía también refirió el testimonio anticipado de Ufredo B., en el que narró que el uniformado y su cónyuge le pagaron 3.500 dólares para perpetrar el acto ilícito contra la madre de la niña (expareja del policía), a quien Luis L. llamó por teléfono y le pidió que salga de su domicilio para hablar. Ella salió y en ese momento llegaron Ufredo B. y José Luis L. en una moto y dispararon.
El fiscal anunció 47 pruebas testimoniales y treinta y ocho documentales y periciales para la audiencia de juzgamiento que se desarrollará próximamente,
Información jurídica
Este caso se judicializa según el artículo 143, incisos 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero los procesados podrían enfrentar una pena de hasta 34 años y seis meses por existir circunstancias agravantes, como haber actuado en pandilla y cometer la infracción contra una persona que pertenece a un grupo vulnerable.
LASSO CON LUZ VERDE
PARA SU CONSULTA AL
PRONUNCIARSE CORTE
CONSTITUCIONAL
El pueblo dice NO
PARA SU CONSULTA AL
PRONUNCIARSE CORTE
CONSTITUCIONAL
El pueblo dice NO
QUITO.
- La Corte Constitucional (CC) concluyó con el trámite de la calificación de la
constitucionalidad de las ocho preguntas de referéndum que propuso el
presidente de la República, Guillermo Lasso y determinó que estas son viables
para someterlas a la voluntad popular, con excepción de varios textos de los
considerandos que fueron declarados inconstitucionales, pero que no afectan el
fondo de la iniciativa.
Los nueve jueces del máximo organismo de interpretación constitucional sesionaron el miércoles para resolver sobre la propuesta del jefe de Estado y este jueves, 10 de noviembre, se divulgó dos sentencias en las que se pronuncia sobre la viabilidad de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución.
El organismo informó esta tarde que, tras la verificación que se hizo a las ocho preguntas, “en su mayoría” los considerandos que introducen a ellas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En cuanto a las preguntas, se concluyó que cumplen los requisitos del artículo 105 de la mencionada ley y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales.
Las preguntas aprobadas se relacionan con políticas en materia de seguridad ciudadana, institucionalidad, sistema de partidos políticos, medio ambiente y, la eliminación de la atribución de elegir a las autoridades de control que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se lo traspase a la Asamblea Nacional, así como modificar el mecanismo de selección de sus siete consejeros, para que sea la Legislatura la que también se encargue de designarlos.
PREGUNTAS
Las primeras seis preguntas se aprobaron con el voto de ocho jueces, mientras que el juez Jhoel Escudero emitió un voto salvado en las preguntas 2, 4, 7 y 8. Las iniciativas son las siguientes:
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?
¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?
¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?
Las siguientes dos preguntas relacionadas con las funciones del CPCCS se aprobaron por unanimidad, es decir, con nueve votos de los magistrados constitucionales. Estas son:
“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enmendando la Constitución?”.
“¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución?
Los nueve jueces del máximo organismo de interpretación constitucional sesionaron el miércoles para resolver sobre la propuesta del jefe de Estado y este jueves, 10 de noviembre, se divulgó dos sentencias en las que se pronuncia sobre la viabilidad de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución.
El organismo informó esta tarde que, tras la verificación que se hizo a las ocho preguntas, “en su mayoría” los considerandos que introducen a ellas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En cuanto a las preguntas, se concluyó que cumplen los requisitos del artículo 105 de la mencionada ley y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales.
Las preguntas aprobadas se relacionan con políticas en materia de seguridad ciudadana, institucionalidad, sistema de partidos políticos, medio ambiente y, la eliminación de la atribución de elegir a las autoridades de control que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se lo traspase a la Asamblea Nacional, así como modificar el mecanismo de selección de sus siete consejeros, para que sea la Legislatura la que también se encargue de designarlos.
PREGUNTAS
Las primeras seis preguntas se aprobaron con el voto de ocho jueces, mientras que el juez Jhoel Escudero emitió un voto salvado en las preguntas 2, 4, 7 y 8. Las iniciativas son las siguientes:
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?
¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?
¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?
Las siguientes dos preguntas relacionadas con las funciones del CPCCS se aprobaron por unanimidad, es decir, con nueve votos de los magistrados constitucionales. Estas son:
“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enmendando la Constitución?”.
“¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución?
JEFE DE ESTADO MAYOR
DE EE.UU. LES PROMETE
AYUDA TAIWÁN
De carácter militar
DE EE.UU. LES PROMETE
AYUDA TAIWÁN
De carácter militar
RT.- El Pentágono
apoyará al Ejército de Taiwán con armas y entrenamiento, prometió el jefe
del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, y acusó a Pekín de intentar
buscar la "superioridad militar global".
"Estados Unidos se ha comprometido a través de la Ley de Relaciones con Taiwán, y el presidente [Joe] Biden ha dicho recientemente en muchas ocasiones que EE.UU. seguirá apoyando a Taiwán", dijo Milley.
"Les apoyaremos militarmente", acentuó, confirmando los planes de brindar "entrenamiento y equipamiento".
Milley también afirmó que, aunque no hay indicios de que Pekín vaya a atacar a la isla en un futuro inmediato, el presidente chino, Xi Jinping, está ahora "evaluando la situación y recalculando lo que podrían hacer", refiriéndose a las dificultades de realizar una ofensiva a través del estrecho de Taiwán.
"Es realmente difícil. Y creo que se están dando cuenta de ello", agregó, para precisar que los preparativos para un ataque y el hecho de llevarlo a cabo son "dos cosas diferentes."
En octubre pasado, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que tropas estadounidenses se encontraban en la isla y estaban entrenando al Ejército taiwanés, a lo que China no tardó en responder con tajante rechazo.
Al respecto, Milley insistió en que Pekín es el principal competidor de EE.UU. y que representa una preocupación de seguridad. El alto cargo militar acusó a Pekín de buscar la "superioridad militar" regional, y eventualmente mundial, argumentando que al gigante asiático le gustaría lograr esto último antes del año 2050.
"Nos parece bien la competencia, no hay problema", matizó Milley. "Pero si China quiere un conflicto, entonces sería una opción muy mala para China", subrayó.
· Durante su informe en el XX Congreso del Partido Comunista de China el mes pasado, el presidente Xi Jinping destacó el riesgo de un conflicto armado por Taiwán. Reiteró que el objetivo principal de Pekín es la reunificación pacífica, pero advirtió que se reserva el derecho a utilizar la fuerza militar para impedir cualquier intento de la administración taiwanesa de declarar la independencia. Esta semana, el líder chino ordenó a las Fuerzas Armadas del país que se aseguraran de estar preparadas para responder a las amenazas a la seguridad derivadas de una nueva era de turbulencias mundiales.
La isla de Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, cuando el general Chiang Kai-shek (1887-1975) se refugió allí tras ser derrotado en la guerra civil con los comunistas de Mao Zedong.
En la década de 1980, para la unificación del país, Deng Xiaoping, el entonces presidente de la República Popular China, propuso una política de "Un país, dos sistemas", que comprendió la coexistencia de los modelos políticos y económicos de la de China continental y ciertas regiones, incluida la taiwanesa.
Sin embargo, ya bajo el liderazgo de Xi Jinping, el gigante asiático se inclinó hacia la necesidad de asegurar el principio de 'Una China', a fin de prevenir los intentos de las fuerzas extranjeras de apoyar las aspiraciones independentistas de las regiones autogobernadas.
El nuevo enfoque, que, entre otros, comprendió la erosión de la independencia de Hong Kong, fue rechazado por las autoridades de Taiwán, que en los últimos años optaron por una posición más beligerante hacia la China continental.
La reciente agudización de las tensiones en torno a Taiwán se debe al aumento de las discrepancias geopolíticas entre China y EE.UU. A medida que esta confrontación se intensifica, el equilibrio de poder alrededor de Taiwán está cambiando drásticamente hacia una nueva fase peligrosa.
"Estados Unidos se ha comprometido a través de la Ley de Relaciones con Taiwán, y el presidente [Joe] Biden ha dicho recientemente en muchas ocasiones que EE.UU. seguirá apoyando a Taiwán", dijo Milley.
"Les apoyaremos militarmente", acentuó, confirmando los planes de brindar "entrenamiento y equipamiento".
Milley también afirmó que, aunque no hay indicios de que Pekín vaya a atacar a la isla en un futuro inmediato, el presidente chino, Xi Jinping, está ahora "evaluando la situación y recalculando lo que podrían hacer", refiriéndose a las dificultades de realizar una ofensiva a través del estrecho de Taiwán.
"Es realmente difícil. Y creo que se están dando cuenta de ello", agregó, para precisar que los preparativos para un ataque y el hecho de llevarlo a cabo son "dos cosas diferentes."
En octubre pasado, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que tropas estadounidenses se encontraban en la isla y estaban entrenando al Ejército taiwanés, a lo que China no tardó en responder con tajante rechazo.
Al respecto, Milley insistió en que Pekín es el principal competidor de EE.UU. y que representa una preocupación de seguridad. El alto cargo militar acusó a Pekín de buscar la "superioridad militar" regional, y eventualmente mundial, argumentando que al gigante asiático le gustaría lograr esto último antes del año 2050.
"Nos parece bien la competencia, no hay problema", matizó Milley. "Pero si China quiere un conflicto, entonces sería una opción muy mala para China", subrayó.
· Durante su informe en el XX Congreso del Partido Comunista de China el mes pasado, el presidente Xi Jinping destacó el riesgo de un conflicto armado por Taiwán. Reiteró que el objetivo principal de Pekín es la reunificación pacífica, pero advirtió que se reserva el derecho a utilizar la fuerza militar para impedir cualquier intento de la administración taiwanesa de declarar la independencia. Esta semana, el líder chino ordenó a las Fuerzas Armadas del país que se aseguraran de estar preparadas para responder a las amenazas a la seguridad derivadas de una nueva era de turbulencias mundiales.
La isla de Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, cuando el general Chiang Kai-shek (1887-1975) se refugió allí tras ser derrotado en la guerra civil con los comunistas de Mao Zedong.
En la década de 1980, para la unificación del país, Deng Xiaoping, el entonces presidente de la República Popular China, propuso una política de "Un país, dos sistemas", que comprendió la coexistencia de los modelos políticos y económicos de la de China continental y ciertas regiones, incluida la taiwanesa.
Sin embargo, ya bajo el liderazgo de Xi Jinping, el gigante asiático se inclinó hacia la necesidad de asegurar el principio de 'Una China', a fin de prevenir los intentos de las fuerzas extranjeras de apoyar las aspiraciones independentistas de las regiones autogobernadas.
El nuevo enfoque, que, entre otros, comprendió la erosión de la independencia de Hong Kong, fue rechazado por las autoridades de Taiwán, que en los últimos años optaron por una posición más beligerante hacia la China continental.
La reciente agudización de las tensiones en torno a Taiwán se debe al aumento de las discrepancias geopolíticas entre China y EE.UU. A medida que esta confrontación se intensifica, el equilibrio de poder alrededor de Taiwán está cambiando drásticamente hacia una nueva fase peligrosa.
AUCAS - BARCELONA
FINAL DE LIGAPRO SE
JUGARA A LAS 18H00
FINAL DE LIGAPRO SE
JUGARA A LAS 18H00
La
final de vuelta entre Aucas y Barcelona se jugará el domingo 13 de noviembre a
las 18:00 y tendrá lugar en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito.
Así entonces. El 13 de noviembre se conocerá al equipo campeón de la LigaPro 2022. Barcelona y Aucas, los ganadores de la primera y segunda etapas, respectivamente, disputarán el título. En la final de ida, disputada el 6 de noviembre en el estadio Banco Pichincha en Guayaquil, el club quiteño se llevó la victoria por 0-1.
Por lo tanto, Barcelona deberá remontar el resultado si quiere ganar su estrella 17 del campeonato ecuatoriano. Luis Quiroz pitará el compromiso de vuelta junto a Juan Aguilar (asistente uno), Danny Ávila (asistente dos), Carlos Orbe (cuarto árbitro) y Flavio Nall (quinto árbitro). En el árbitro asistente de video (VAR) estará Jefferson Macías, asistido por Cristian Lescano y Roberto Sánchez. Las entradas para los hinchas del Aucas estarán a la venta desde el sábado 12 de noviembre a las 10:00 en la boletería central del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Por otra parte, Barcelona se encargará de la venta de entradas para la hinchada visitante. Aún no se confirma cuándo o dónde estarán disponibles.
Así entonces. El 13 de noviembre se conocerá al equipo campeón de la LigaPro 2022. Barcelona y Aucas, los ganadores de la primera y segunda etapas, respectivamente, disputarán el título. En la final de ida, disputada el 6 de noviembre en el estadio Banco Pichincha en Guayaquil, el club quiteño se llevó la victoria por 0-1.
Por lo tanto, Barcelona deberá remontar el resultado si quiere ganar su estrella 17 del campeonato ecuatoriano. Luis Quiroz pitará el compromiso de vuelta junto a Juan Aguilar (asistente uno), Danny Ávila (asistente dos), Carlos Orbe (cuarto árbitro) y Flavio Nall (quinto árbitro). En el árbitro asistente de video (VAR) estará Jefferson Macías, asistido por Cristian Lescano y Roberto Sánchez. Las entradas para los hinchas del Aucas estarán a la venta desde el sábado 12 de noviembre a las 10:00 en la boletería central del estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Por otra parte, Barcelona se encargará de la venta de entradas para la hinchada visitante. Aún no se confirma cuándo o dónde estarán disponibles.
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