NOBOA “QUIERE GASTAR” $ 60
MILLONES EN CONSULTA PERO
PARA RETORNAR CASINOS
10 de las 11 preguntas restantes las
Puede aprobar Asamblea Nacional
“Noboa puede ahorrarse el dinero de la Consulta
Popular, es decir 60 millones de dólares americanos, enviando 10 de las 11
preguntas a la Asamblea Nacional para que las debatan y aprueben, sin utilizar
un solo centavo de esos dineros que bien puede utilizarlos para combatir las
muertes violentas y delincuencia organizada
Así por lo menos opina la ciudadanía en redes sociales y entre ellos muy distinguidos jurisconsultos y dirigentes gremiales de Ecuador, que de paso considera que la pregunta 11 es la ideal para reabrir los casinos y Lavar activos, lo que realmente sucede en los países donde existen esta casa de juego.
LAS PREGUNTAS
El presidente Daniel Noboa remitió la lista de 11 preguntas para consulta popular a la Corte Constitucional. Sin embargo, el contenido levantó críticas inmediatamente. Se trata de un texto que se enfoca en el trabajo de las Fuerzas Armadas, reformas penales y judiciales, deportación de extranjeros y funcionamiento de casinos.
Un nuevo popurrí ejecutivo que pretende llegar a las urnas. Sin embargo, 10 de las 11 preguntas no detallan cuál será el efecto jurídico de su aprobación. Y el mismo Ejecutivo lo reconoce al afirmar que la mayoría de cuestiones: "no busca reformas constitucionales o legales". Y una no tiene anexos. Además, la primera se encuentra enfocada solo en "adoptar medidas específicas", es decir: actuaciones administrativas. Y otras nueve solo buscan que la ciudadanía respalde el envío de proyectos de reformas legales a la Asamblea. Esto pese a que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la Corte Constitucional señalan que las consultas populares deben cumplir con un requisito esencial: tener un efecto jurídico cierto. De lo contrario, esto implicaría "una irresponsable movilización de los ciudadanos consultados, promoviendo expectativas no realizables, además del gasto del recurso público que significaría la realización de la consulta", según la Corte.
Pero el Gobierno repite constantemente que las preguntas están enfocadas en "la colocación en la agenda legislativa de temas relevantes para la ciudadanía", por lo que tendrían una "potencialidad de producir efectos jurídicos".
De todos modos, los magistrados deben realizar un control de constitucionalidad a las preguntas, considerandos y anexos, para que no induzcan a respuestas, el lenguaje sea neutro y que haya concordancia entre lo consultado y el anexo. La Corte tiene 20 días para emitir su dictamen, una vez que la iniciativa sea admitida a trámite. En caso de que venza el plazo sin un pronunciamiento, se entenderá como que ha recibido un dictamen favorable.
Entonces, el presidente Noboa deberá emitir un decreto ejecutivo, convocando a la ciudadanía a las urnas. Solo ahí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrará en escena. Los consejeros tendrán 15 días de plazo para convocar a la consulta popular. Y otros 60 días para llevarla a cabo.
Así por lo menos opina la ciudadanía en redes sociales y entre ellos muy distinguidos jurisconsultos y dirigentes gremiales de Ecuador, que de paso considera que la pregunta 11 es la ideal para reabrir los casinos y Lavar activos, lo que realmente sucede en los países donde existen esta casa de juego.
LAS PREGUNTAS
El presidente Daniel Noboa remitió la lista de 11 preguntas para consulta popular a la Corte Constitucional. Sin embargo, el contenido levantó críticas inmediatamente. Se trata de un texto que se enfoca en el trabajo de las Fuerzas Armadas, reformas penales y judiciales, deportación de extranjeros y funcionamiento de casinos.
Un nuevo popurrí ejecutivo que pretende llegar a las urnas. Sin embargo, 10 de las 11 preguntas no detallan cuál será el efecto jurídico de su aprobación. Y el mismo Ejecutivo lo reconoce al afirmar que la mayoría de cuestiones: "no busca reformas constitucionales o legales". Y una no tiene anexos. Además, la primera se encuentra enfocada solo en "adoptar medidas específicas", es decir: actuaciones administrativas. Y otras nueve solo buscan que la ciudadanía respalde el envío de proyectos de reformas legales a la Asamblea. Esto pese a que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la Corte Constitucional señalan que las consultas populares deben cumplir con un requisito esencial: tener un efecto jurídico cierto. De lo contrario, esto implicaría "una irresponsable movilización de los ciudadanos consultados, promoviendo expectativas no realizables, además del gasto del recurso público que significaría la realización de la consulta", según la Corte.
Pero el Gobierno repite constantemente que las preguntas están enfocadas en "la colocación en la agenda legislativa de temas relevantes para la ciudadanía", por lo que tendrían una "potencialidad de producir efectos jurídicos".
De todos modos, los magistrados deben realizar un control de constitucionalidad a las preguntas, considerandos y anexos, para que no induzcan a respuestas, el lenguaje sea neutro y que haya concordancia entre lo consultado y el anexo. La Corte tiene 20 días para emitir su dictamen, una vez que la iniciativa sea admitida a trámite. En caso de que venza el plazo sin un pronunciamiento, se entenderá como que ha recibido un dictamen favorable.
Entonces, el presidente Noboa deberá emitir un decreto ejecutivo, convocando a la ciudadanía a las urnas. Solo ahí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrará en escena. Los consejeros tendrán 15 días de plazo para convocar a la consulta popular. Y otros 60 días para llevarla a cabo.
1.- LAS FF. AA. Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La Constitución establece que la misión de las Fuerzas Armadas será la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado. Es por esto que las FF. AA. requieren de la declaratoria de un estado de excepción para intervenir en la seguridad interna. Sin embargo, el Gobierno se apoya en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública, que establece que la defensa de la soberanía incluirá acciones para recuperarla o mantenerla en las zonas donde la capacidad del Estado se haya visto disminuida por "condiciones extraordinarias de seguridad". Por lo que, el anexo de la pregunta 1 plantea que el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) pueda decretar, de forma reservada, el inicio de acciones por parte de las Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Para ello determinarán tres aspectos:
Las zonas en las que, por condiciones extraordinarias de seguridad, el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones.
La delimitación de las acciones para prevenir y erradicar su actividad.
Y el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en las acciones de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el anexo no establece qué cambios legales se ejecutarán. Al punto que el mismo documento indica que "la pregunta no busca reformas constitucionales o legales, sino que se encuentra enfocada en adoptar medidas específicas", es decir: actuaciones administrativas.
2.- CONTROL DE ARMAS
Legalmente, las Fuerzas Armadas tienen el control exclusivo de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y accesorios. Esto incluye las inmediaciones o al interno de los centros de privación de libertad, en coordinación con las autoridades competentes. Sin embargo, el presidente Noboa argumenta que la crisis penitenciaria existe porque los gobiernos previos "no han abordado las causas estructurales". Y enfatiza que el objetivo de la pregunta es que los controles de armas sean permanentes, que no se suspendan ni sean ocasionales. Y repite que la pregunta no busca reformas legales o constitucionales, sino solamente que la ciudadanía determine el "modo en que las actuaciones permitidas, serán efectuadas". Por lo que ni siquiera contiene un anexo.
3.- INVESTIGACIÓN DE UNIFORMADOS
La tercera pregunta busca que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Sistema Penitenciario no estén detenidos durante las investigaciones en su contra por uso indebido de la fuerza durante sus tareas.
Entre 2022 y 2023, hubo 139 de estos casos. Es decir, el Gobierno quiere que se garantice que mantengan la libertad, sin perjuicio de que cumplan con otras medidas sustitutivas, mientras justifican y prueban el uso legítimo de la fuerza. Y así contar con más uniformados activos. Pero esto ya está establecido en el artículo 54 de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que dice que los servidores judiciales deben promover "la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva" para que los uniformados puedan defenderse en libertad.
Sin embargo, la propuesta gubernamental no establece cuáles serán los cambios legales específicos en la materia. Es decir, la ciudadanía votaría sin conocer el contenido de la reforma al Código Penal que anuncia el presidente Noboa en el anexo.
El documento se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días. De todas formas, esta ya es una facultad del Gobierno, como colegislador. Es decir, no requiere de una consulta para enviar una reforma al Legislativo.
4.- INCREMENTO DE PENAS
Aunque la propuesta de incrementar las penas en los delitos relacionados con el crimen organizado suele ser bien recibida por la opinión pública, la cuarta pregunta de la consulta planteada por el Gobierno no señala cuál sería el incremento en cada caso.
El principal argumento es el incremento en este tipo de delitos, aunque no hay pruebas de que las mayores penas tengan un efecto disuasivo. Además, el reciente caso Metástasis comprobó que el sistema judicial del país está infiltrado por el crimen organizado, que lo utiliza para evitar o reducir las penas.
El documento se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días. Algo que el presidente Noboa podría hacer sin necesidad de una consulta.
Legalmente, las Fuerzas Armadas tienen el control exclusivo de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y accesorios. Esto incluye las inmediaciones o al interno de los centros de privación de libertad, en coordinación con las autoridades competentes. Sin embargo, el presidente Noboa argumenta que la crisis penitenciaria existe porque los gobiernos previos "no han abordado las causas estructurales". Y enfatiza que el objetivo de la pregunta es que los controles de armas sean permanentes, que no se suspendan ni sean ocasionales. Y repite que la pregunta no busca reformas legales o constitucionales, sino solamente que la ciudadanía determine el "modo en que las actuaciones permitidas, serán efectuadas". Por lo que ni siquiera contiene un anexo.
3.- INVESTIGACIÓN DE UNIFORMADOS
La tercera pregunta busca que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Sistema Penitenciario no estén detenidos durante las investigaciones en su contra por uso indebido de la fuerza durante sus tareas.
Entre 2022 y 2023, hubo 139 de estos casos. Es decir, el Gobierno quiere que se garantice que mantengan la libertad, sin perjuicio de que cumplan con otras medidas sustitutivas, mientras justifican y prueban el uso legítimo de la fuerza. Y así contar con más uniformados activos. Pero esto ya está establecido en el artículo 54 de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que dice que los servidores judiciales deben promover "la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva" para que los uniformados puedan defenderse en libertad.
Sin embargo, la propuesta gubernamental no establece cuáles serán los cambios legales específicos en la materia. Es decir, la ciudadanía votaría sin conocer el contenido de la reforma al Código Penal que anuncia el presidente Noboa en el anexo.
El documento se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días. De todas formas, esta ya es una facultad del Gobierno, como colegislador. Es decir, no requiere de una consulta para enviar una reforma al Legislativo.
4.- INCREMENTO DE PENAS
Aunque la propuesta de incrementar las penas en los delitos relacionados con el crimen organizado suele ser bien recibida por la opinión pública, la cuarta pregunta de la consulta planteada por el Gobierno no señala cuál sería el incremento en cada caso.
El principal argumento es el incremento en este tipo de delitos, aunque no hay pruebas de que las mayores penas tengan un efecto disuasivo. Además, el reciente caso Metástasis comprobó que el sistema judicial del país está infiltrado por el crimen organizado, que lo utiliza para evitar o reducir las penas.
El documento se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días. Algo que el presidente Noboa podría hacer sin necesidad de una consulta.
Con la quinta pregunta, el Ejecutivo busca que las personas que comentan delitos contra la seguridad pública se vean obligados a cumplir con toda su sentencia en prisión, sin poder acceder a los regímenes semiabierto o abierto. En la lista están: financiación del terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de drogas, minería ilegal, "armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados (sic.)", tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de un agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Para ello, el Ejecutivo remitirá un proyecto a la Asamblea cinco días después de publicados los resultados de la consulta y esta deberá tramitarlo en 60 días. Algo que, nuevamente, el Primer Mandatario podría hacer sin necesidad de convocar a las urnas.
6.- USO DE ARMAS ESTATALES
Entre 2020 y 2023, las autoridades incautaron 4.597 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, por lo que el Gobierno quiere tipificar como delito penal la tenencia de este tipo de implementos.
Esto pese a que la Ley y el Reglamento sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios ya establece cuáles son las armas de uso exclusivo de las fuerzas públicas y las sanciones para quienes violen dichas normativas.
Por ejemplo, la Ley establece que, en dicho caso, los infractores serán reprimidos con reclusión menor de 3 a 6 años y con multa de USD 1.000 a USD 5.000. Sin embargo, otra vez, el Ejecutivo no explica cómo será en efecto dicha reforma legal. Por lo que anuncia que, en caso de aprobarse la pregunta, remitirá un proyecto a la Asamblea cinco días después. Y esta deberá tramitarlo en 60 días. Aunque el presidente Noboa podría enviar las reformas penales sin necesidad de convocar a una consulta.
7.- USO DE ARMAS CONFISCADAS
El documento busca que las armas confiscadas a los delincuentes puedan ser utilizadas por las fuerzas del orden. Sin embargo, el Gobierno no explica los pasos o condiciones para que esto suceda. El argumento es que, ante la falta de armamento, los uniformados podrían utilizar las 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones que reposan en los Centros de Acopio de Evidencia.
El anexo se limita a decir que, si la pregunta es aprobada, el Ejecutivo remitirá un proyecto de reformas al Código Penal a la Asamblea en cinco días y que esta deberá tramitarlo en 60 días. Algo que el presidente Noboa podría directamente.
8.- EVALUACIÓN Y AUDITORÍA JUDICIAL
Con esta propuesta, el presidente Noboa busca que la Judicatura y la Contraloría realicen evaluaciones y auditorías a los patrimonios de los servidores judiciales, en un plazo máximo de 10 meses.
Pero no detalla cómo y bajo qué parámetros se ejecutarían. En el texto, el Ejecutivo señala las falencias del sistema judicial y recuerda también que el caso Metástasis develó específicamente la corrupción dentro de la Función Judicial.
Además, aunque la pregunta habla de servidores judiciales en general, es decir, todos, el anexo se refiere solo a "juezas y jueces". Y tampoco establece si el proceso se realizará por una sola ocasión o sistemáticamente. Sin contar que, legalmente, la Contraloría ya tiene esta potestad y competencia y que la Función Judicial tiene también la obligación de ejecutar una evaluación periódica, sin perjuicio de hacerla por muestreo o en caso de que existan irregularidades o problemas por denuncias reiteradas.
9.- BIENES DE ORIGEN ILÍCITO
La poca efectividad de la Ley de Extinción de Dominio en la práctica hace que el presidente Noboa plantee una pregunta para reducir el procedimiento ya existente para que el Estado se apropie de los bienes ilícitos. No obstante, el anexo plantea que sea la misma Asamblea la que tramite una reforma en un plazo de 60 días.
El proyecto será remitido igualmente por el Ejecutivo. Pero no establece cuál será el detalle de su contenido.
10.- DEPORTACIÓN, INADMISIÓN Y EXPULSIÓN
La deportación de extranjeros, como figura legal, ya existe en Ecuador, al igual que la inadmisión, expulsión y extradición. Además, en 2021 la Asamblea aprobó nuevas causales para ejecutarla. Sin embargo, el Gobierno insiste en esta temática con una pregunta en su consulta popular.
Uno de los principales argumentos es que el 9,88% de la población penitenciaria corresponde a extranjeros. Y que de las 33 resoluciones de deportación entre 2022 y 2023, solo el 5,8% fueron ejecutadas.
Pero, el Ejecutivo repite la modalidad de no detallar en el anexo el contenido de la reforma a la Ley de Movilidad Humana que planea remitir a la Asamblea Nacional, en caso de ganar en las urnas.
¿Cómo modificará dichos procedimientos? Además, el presidente Noboa tiene la potestad de remitir dicha reforma sin esperar a que la ciudadanía se pronuncie.
11.- EL RETORNO DE LOS CASINOS
El presidente Noboa argumenta que el cierre de 160 casinos y salas de juego, después de la consulta popular de 2011, fue un error que generó la pérdida de plazas de empleo. Por ello, en la pregunta final, plantea que la medida se eche para atrás.
El argumento principal es la falta de empleo y oportunidades que, según el Ejecutivo, podrían multiplicarse con el regreso de los juegos de azar, que impactarían, a la vez, en el turismo y en la seguridad interna.
En caso de lograrlo, en 20 días, el Mandatario remitiría un proyecto de reformas a la Asamblea, para regular el funcionamiento de dichos establecimientos.
Tampoco señala los detalles legales, pero indica que estos negocios deberán tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura y una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. FUENTE: Diario Primicias – Notioro Machala
DIANA LA HEROÍNA FABRICADA
CON ‘METÁSTASIS’ PARA TAPAR
CORRUPCIÓN NEOLIBERAL
Posteó Rafael Correa Delgado
El expresidente revolucionario Rafael Correa Delgado
utilizando la plataforma “X” anteriormente Twitter, posteó una interrogante al
pueblo ecuatoriano que se relaciona sobre el “viralizado” METÁSTASIS, que
extrañamente protege a los actores delincuenciales que aparecieron con Moreno y
otros muy apagados a la familia de Guillermo Lasso, tratando de justificar con el
poder que actualmente se arroga la fiscal general para seguir destruyendo la
patria con apoyo corrupto de la prensa tradicional, cómplice neoliberal del mas
grande mecanismo bancario empresarial para desaparecer al ciudadano común.
EL POST DEL LÍDER REVOLUCIONARIO
“Nos han robado hasta el sentido común. Cuando éramos el 2do. país más pacífico de América Latina, los fiscales eran unas bestias porque no combatían el crimen. Ahora que somos de los 5 países más violentos el MUNDO, quieren hacernos creer que la fiscal es una heroína, cuando es parte de la metástasis por ella misma provocada”. ¿Estamos locos? ¿Llegaremos a tanto?
EL POST DEL LÍDER REVOLUCIONARIO
“Nos han robado hasta el sentido común. Cuando éramos el 2do. país más pacífico de América Latina, los fiscales eran unas bestias porque no combatían el crimen. Ahora que somos de los 5 países más violentos el MUNDO, quieren hacernos creer que la fiscal es una heroína, cuando es parte de la metástasis por ella misma provocada”. ¿Estamos locos? ¿Llegaremos a tanto?
DIANA SALAZAR SABE QUIENES
LA QUIEREN MATAR Y DICE QUE
SON LOS MISMOS ASESINOS D’
VILLAVICENCIO
Ahora ya puede capturarlos y
listo
A través de los medios de comunicación a su favor, la
fiscal general Diana Salazar se ha pronunciado sobre la existencia de un plan para
asesinarla y entre otras cosas dice que son los mismos que asesinaron al
político tránsfuga, Fernando Villavicencio, lo que permitiría tomar acciones
directas para capturar a los presuntos.
EN EFECTO. a fiscal general Diana Salazar denunció que el mismo grupo que asesinó al exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar en su contra.
Así lo afirmó en la exposición que hizo este 3 de enero durante la audiencia de vinculación de ocho personas más en el caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.
Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, once días antes de la primera vuelta electoral, cuando salía de un mitin político en un colegio del norte de la capital.
Para febrero próximo está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis personas señaladas como los autores materiales del crimen, aunque la Fiscalía continúa con la investigación de los autores intelectuales.
Durante la audiencia de vinculación y para terminar el relato de la relación de los hechos en este caso, Salazar recordó que este grupo delictivo tenía toda una estructura criminal con roles establecidos y sobre todo con recursos económicos provenientes del narcotráfico, recursos bélicos, profesionales con red de influencias, a más de contar con un aparataje comunicacional y político.
“Ya se van a ver más adelante los operadores políticos desde la Asamblea Nacional, quienes se encargaban de articular las mayorías para tratar de neutralizar a sus contendores políticos, me refiero en la actualidad a quien está en el uso de la palabra (Diana Salazar). Es que así funciona la delincuencia”, indicaba la líder de la Fiscalía.
Muestra de ello, decía la fiscal, es la réplica de la estrategia comunicacional usada con anterioridad por alias Marido, Ravioli, Daddy Yankee, Po, y Pili, Xavier J., para manipular y amedrentar a la opinión pública respecto de las acusaciones denunciadas por el ahora fallecido exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, luego de la famosa foto de “Los Tetones”.
Según Diana Salazar, en los pocos días que tiene abierto el caso Metástasis se ha evidenciado ya una campaña para deslegitimar el caso de corrupción más importante del Ecuador. Esta campaña, anotó, incluiría demandas en Estados Unidos contra Diana Salazar, amenazas judiciales de abogados y un sinnúmero de alertas que tratan de atentar en contra de la seguridad de la fiscal general, de sus familiares y del equipo que está interviniendo en esta investigación.
EN EFECTO. a fiscal general Diana Salazar denunció que el mismo grupo que asesinó al exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar en su contra.
Así lo afirmó en la exposición que hizo este 3 de enero durante la audiencia de vinculación de ocho personas más en el caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.
Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, once días antes de la primera vuelta electoral, cuando salía de un mitin político en un colegio del norte de la capital.
Para febrero próximo está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis personas señaladas como los autores materiales del crimen, aunque la Fiscalía continúa con la investigación de los autores intelectuales.
Durante la audiencia de vinculación y para terminar el relato de la relación de los hechos en este caso, Salazar recordó que este grupo delictivo tenía toda una estructura criminal con roles establecidos y sobre todo con recursos económicos provenientes del narcotráfico, recursos bélicos, profesionales con red de influencias, a más de contar con un aparataje comunicacional y político.
“Ya se van a ver más adelante los operadores políticos desde la Asamblea Nacional, quienes se encargaban de articular las mayorías para tratar de neutralizar a sus contendores políticos, me refiero en la actualidad a quien está en el uso de la palabra (Diana Salazar). Es que así funciona la delincuencia”, indicaba la líder de la Fiscalía.
Muestra de ello, decía la fiscal, es la réplica de la estrategia comunicacional usada con anterioridad por alias Marido, Ravioli, Daddy Yankee, Po, y Pili, Xavier J., para manipular y amedrentar a la opinión pública respecto de las acusaciones denunciadas por el ahora fallecido exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, luego de la famosa foto de “Los Tetones”.
Según Diana Salazar, en los pocos días que tiene abierto el caso Metástasis se ha evidenciado ya una campaña para deslegitimar el caso de corrupción más importante del Ecuador. Esta campaña, anotó, incluiría demandas en Estados Unidos contra Diana Salazar, amenazas judiciales de abogados y un sinnúmero de alertas que tratan de atentar en contra de la seguridad de la fiscal general, de sus familiares y del equipo que está interviniendo en esta investigación.
CGT REAFIRMA PARO CONTRA
REFORMA LABORAL DE MILEI
EN ARGENTINA
REFORMA LABORAL DE MILEI
EN ARGENTINA
TELESUR. - La Confederación General del
Trabajo (CGT) de Argentina ratificó este miércoles el paro nacional en el país
a realizarse el 24 de enero, que había sido declarado por dicha organización
tras el decretazo contra los trabajadores, impuesto por el nuevo presidente del
país, Javier Milei.
De acuerdo a la plataforma Mundo Gremial, “la primera medida de acción directa que aprobó la CGT no será suspendida, pero esto podría ser evaluado siempre y cuando se abre un canal real de diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo, y a través de las autoridades nacionales que se encuentran al frente de las medidas incluidas en el ‘megadecreto’”.
Por otra parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó de igual manera la intención de mantener su jornada de lucha propuesta para el 24 de enero.
“La Conducción Nacional de la CTA ratificó la Jornada Nacional de Lucha del 24 de enero y llamó a realizar plenarios regionales y asambleas multisectoriales para fortalecer el plan de acción y multiplicar las movilizaciones en todo el país”, refirió la CTA Autónoma desde su cuenta en la red social X.
Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, desde X confirmó el plan de acción que incluye un paro con movilización junto a la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la CGT el próximo 24 de enero.
“Coincidiendo con lo resuelto en el plenario conjunto, también se acordó la realización de plenarios a lo largo y ancho del país, como así también de asambleas multisectoriales para seguir construyendo la unidad y profundizar el plan de acción. Asimismo se definió alentar la realización de asambleas en los lugares de trabajo y territorios”, al definir aspectos del proceso organizativo de la CTA Autónoma.
De acuerdo a la plataforma Mundo Gremial, “la primera medida de acción directa que aprobó la CGT no será suspendida, pero esto podría ser evaluado siempre y cuando se abre un canal real de diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo, y a través de las autoridades nacionales que se encuentran al frente de las medidas incluidas en el ‘megadecreto’”.
Por otra parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó de igual manera la intención de mantener su jornada de lucha propuesta para el 24 de enero.
“La Conducción Nacional de la CTA ratificó la Jornada Nacional de Lucha del 24 de enero y llamó a realizar plenarios regionales y asambleas multisectoriales para fortalecer el plan de acción y multiplicar las movilizaciones en todo el país”, refirió la CTA Autónoma desde su cuenta en la red social X.
Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, desde X confirmó el plan de acción que incluye un paro con movilización junto a la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la CGT el próximo 24 de enero.
“Coincidiendo con lo resuelto en el plenario conjunto, también se acordó la realización de plenarios a lo largo y ancho del país, como así también de asambleas multisectoriales para seguir construyendo la unidad y profundizar el plan de acción. Asimismo se definió alentar la realización de asambleas en los lugares de trabajo y territorios”, al definir aspectos del proceso organizativo de la CTA Autónoma.
TOREROS
ARRANCAN PRETEMPORADA
ANUNCIANDO A ANÍBAL CHALA COMO
PRIMER REFUERZO 2024
Interior viene del Club Sport Emelec
ANUNCIANDO A ANÍBAL CHALA COMO
PRIMER REFUERZO 2024
Interior viene del Club Sport Emelec
OLE. - Barcelona empezó la pretemporada este
miércoles y no perdió tiempo para anunciar caras nuevas. Es que tras la
práctica, el Ídolo del Astillero anunció a su primer refuerzo de cara la
campaña 2024: ¡se trata de Aníbal Chalá! El lateral
izquierdo viene de jugar y tener una salida traumática de Emelec, el
eterno rival del BSC.
"Chalá que se desempeña como lateral por izquierda, llegará en las próximas horas a la ciudad de Guayaquil, para luego incorporarse al plantel dirigido por el entrenador Diego López", agregó el Idolo del Astillero en el comunicado oficial de la contratación.
"Chalá que se desempeña como lateral por izquierda, llegará en las próximas horas a la ciudad de Guayaquil, para luego incorporarse al plantel dirigido por el entrenador Diego López", agregó el Idolo del Astillero en el comunicado oficial de la contratación.
LOS NÚMEROS DE CHALÁ EN EMELEC
Desde que sumó a Emelec, a mediados de 2023 (proveniente de Atlas de México), Aníbal Chalá sumó 12 cotejos en el equipo de Hernán Torres. Su impacto en el Bombillo fue inmediato, se transformó en una de las figuras del elenco y festejó dos goles: convirtió ante Universidad Católica e Independiente del Valle.
Tan bueno fue su nivel en su regreso a LigaPro, que Félix Sánchez Bas decidió citarlo a La Tri: estuvo en el banco de suplentes ante Venezuela y Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas.
NOTIORO MACHALA: DIRECTOR - Ricardo Querubin
Zambrano - Ciudadela. Las Brisas Mz. B4 Villa 1 -Teléfono celular: 0991054125 -
Machala El Oro – Ecuador https://notioro.blogspot.com/ Email –rqzambrano@hotmail.com
