POBREZA EXTREMA FALTA
TRABAJO E INSEGURIDAD
INCREMENTAN PARO DE
CONAIE
Un 94.7% se quejan en Ecuador
TRABAJO E INSEGURIDAD
INCREMENTAN PARO DE
CONAIE
Un 94.7% se quejan en Ecuador
A
las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie), desde el lunes pasado, han confluido mujeres,
trabajadores, jóvenes, adultos mayores con una necesidad en común: reclamar
mejores condiciones de vida.
Los ecuatorianos afrontan pobreza, desigualdad, discriminación, desempleo, corrupción, mala calidad de los servicios públicos, creciente inseguridad, que los lleva a protestar en la calle. Según el Índice de Confianza al Consumidor que publica el Banco Central a abril pasado, apenas el 5,3% de las personas encuestadas dijo que su situación económica ha mejorado, pero el 94.7% vie momentos de crisis
Estos problemas se agravaron, además del pésimo gobierno neoliberal, por la pandemia y se han extendido en el último año. Pero a decir de la exministra de Economía, Magdalena Barreiro, el Gobierno se ha demorado en dar soluciones. O no las tiene.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 27,7% de la población ecuatoriana es pobre por ingresos, ya que percibe menos de USD 85,60 mensuales. Otro 10,5% vive en pobreza extrema, con un ingreso menor de USD 48,24 al mes, con corte a diciembre del 2021.
El desempleo en el país llegó al 4,7%, en mayo pasado, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados y que hoy se ven protestando en las carreteras. Apenas tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, en el que les pagan al menos el salario básico.
La mala calidad de los servicios, especialmente de salud, ha sido uno de los detonantes en las manifestaciones. Pacientes y personal médico ha venido denunciando la falta de medicinas, insumos médicos, sin ser atendidos.
La inseguridad que se vive en varias provincias del país también ha impulsado a las personas a la calle. En Guayaquil, Durán y Samborondón, de enero al 19 de junio pasado se registraron 644 muertes violentas. Esto es 376 más que en igual período del 2021. En Quito, afectado principalmente por robos y asaltos, de enero a abril del 2022, la Fiscalía recibió 2 205 denuncias por estos delitos.
Para Alberto Acosta Burneo, analista económico, el descontento de la población es real y se basa en una economía en deterioro que viene desde el 2014, cuando se acabó la bonanza petrolera.
APOYAN PARO
Yasmín Salazar, profesora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Politécnica Nacional, hizo un ejercicio para determinar quiénes saldrían a las manifestaciones en este contexto. En este se demuestra que hay puntos de encuentro entre los ecuatorianos para que las manifestaciones se concreten.
La analista tomó datos del informe de la encuesta de Latinobarómetro 2020, en que se determina que el 47% de entrevistados está de acuerdo con las protestas en general. Asimismo, 61% de quienes se autoidentificaron como indígenas están a favor de las protestas, mientras que para afroecuatorianos y mestizos los porcentajes son 47% y 46%, respectivamente.
Tres razones motivan a Camila Salomé, una joven de 30 años, a participar en las manifestaciones: “por los miles de personas que no tienen un trabajo (ni fijo ni temporal); por aquellos que están enfermos y no tienen medicinas en los hospitales y por aquellos jóvenes que no pueden estudiar”.
El 53% de personas que no tienen ningún nivel de instrucción está a favor de las marchas como una forma de expresar el descontento, mientras que entre quienes cursaron el colegio esa cifra corresponde a 49%. El 47% con título universitario se muestra a favor.
Alexandra Pazmiño, estudiantes de 20 años, sale a protestar para que haya precios justos y mejores condiciones para los agricultores.
Según el Latinobarómetro, ningún pueblo de la región está contento con la manera cómo funciona la democracia en su país y pocos darán segundas oportunidades a sus gobernantes. El gran desafío es que terminen su período.
Según el Índice de Confianza al Consumidor que publica el Banco Central a abril pasado, apenas el 5,3% de las personas encuestadas dijo que su situación económica ha mejorado con respecto al mes anterior. Al ser consultados sobre las expectativas que tienen del país en términos económicos, el 43,2% señaló que empeorará en los próximos tres meses. Otro indicador preocupante: 62,2% mencionó que las condiciones fueron peores para encontrar o mejorar un puesto de trabajo.
Los ecuatorianos afrontan pobreza, desigualdad, discriminación, desempleo, corrupción, mala calidad de los servicios públicos, creciente inseguridad, que los lleva a protestar en la calle. Según el Índice de Confianza al Consumidor que publica el Banco Central a abril pasado, apenas el 5,3% de las personas encuestadas dijo que su situación económica ha mejorado, pero el 94.7% vie momentos de crisis
Estos problemas se agravaron, además del pésimo gobierno neoliberal, por la pandemia y se han extendido en el último año. Pero a decir de la exministra de Economía, Magdalena Barreiro, el Gobierno se ha demorado en dar soluciones. O no las tiene.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 27,7% de la población ecuatoriana es pobre por ingresos, ya que percibe menos de USD 85,60 mensuales. Otro 10,5% vive en pobreza extrema, con un ingreso menor de USD 48,24 al mes, con corte a diciembre del 2021.
El desempleo en el país llegó al 4,7%, en mayo pasado, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados y que hoy se ven protestando en las carreteras. Apenas tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, en el que les pagan al menos el salario básico.
La mala calidad de los servicios, especialmente de salud, ha sido uno de los detonantes en las manifestaciones. Pacientes y personal médico ha venido denunciando la falta de medicinas, insumos médicos, sin ser atendidos.
La inseguridad que se vive en varias provincias del país también ha impulsado a las personas a la calle. En Guayaquil, Durán y Samborondón, de enero al 19 de junio pasado se registraron 644 muertes violentas. Esto es 376 más que en igual período del 2021. En Quito, afectado principalmente por robos y asaltos, de enero a abril del 2022, la Fiscalía recibió 2 205 denuncias por estos delitos.
Para Alberto Acosta Burneo, analista económico, el descontento de la población es real y se basa en una economía en deterioro que viene desde el 2014, cuando se acabó la bonanza petrolera.
APOYAN PARO
Yasmín Salazar, profesora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Politécnica Nacional, hizo un ejercicio para determinar quiénes saldrían a las manifestaciones en este contexto. En este se demuestra que hay puntos de encuentro entre los ecuatorianos para que las manifestaciones se concreten.
La analista tomó datos del informe de la encuesta de Latinobarómetro 2020, en que se determina que el 47% de entrevistados está de acuerdo con las protestas en general. Asimismo, 61% de quienes se autoidentificaron como indígenas están a favor de las protestas, mientras que para afroecuatorianos y mestizos los porcentajes son 47% y 46%, respectivamente.
Tres razones motivan a Camila Salomé, una joven de 30 años, a participar en las manifestaciones: “por los miles de personas que no tienen un trabajo (ni fijo ni temporal); por aquellos que están enfermos y no tienen medicinas en los hospitales y por aquellos jóvenes que no pueden estudiar”.
El 53% de personas que no tienen ningún nivel de instrucción está a favor de las marchas como una forma de expresar el descontento, mientras que entre quienes cursaron el colegio esa cifra corresponde a 49%. El 47% con título universitario se muestra a favor.
Alexandra Pazmiño, estudiantes de 20 años, sale a protestar para que haya precios justos y mejores condiciones para los agricultores.
Según el Latinobarómetro, ningún pueblo de la región está contento con la manera cómo funciona la democracia en su país y pocos darán segundas oportunidades a sus gobernantes. El gran desafío es que terminen su período.
Según el Índice de Confianza al Consumidor que publica el Banco Central a abril pasado, apenas el 5,3% de las personas encuestadas dijo que su situación económica ha mejorado con respecto al mes anterior. Al ser consultados sobre las expectativas que tienen del país en términos económicos, el 43,2% señaló que empeorará en los próximos tres meses. Otro indicador preocupante: 62,2% mencionó que las condiciones fueron peores para encontrar o mejorar un puesto de trabajo.
CASA DE
LA CULTURA
TOMADA POR LASSO
EN
Vivimos momentos dictatoriales
TOMADA POR LASSO
EN
Vivimos momentos dictatoriales
La
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en Quito, fue
tomada la noche del domingo por agentes de la Policía Nacional (PN),
institución que dijo usará el recinto cultural como cuartel en el marco de las
protestas que realizan sectores sociales bajo el paro nacional convocado por el
movimiento indígena contras las políticas neoliberales del Gobierno del
presidente Guillermo Lasso.
En un comunicado, la PN informó que notificó la requisición del lugar, basado en el estado de excepción, con la finalidad de contar con un espacio físico al interior de esa institución para albergar a agentes antimotines de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y otras unidades policiales.
El presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, en declaraciones a la prensa, denunció la toma y aseveró que "con mucha pena tengo que decir que hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el terror le ha ganado a la vida, a la alegría, a la diversidad, a la pluralidad, hoy el terror está posándose en la institución cultural más importante del país" .
"La última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado, fue controlada por la policía, fue hace 42 años en el contexto de una dictadura. Ahora estamos en dictadura. Esta casa de la libertad, del pensamiento, de la diversidad ha caído en manos del terror", manifestó Cerón.
Horas antes, elementos de la fiscalía general del Estado (FGE) habían allanado la sede del recinto cultural tras la denuncia anónima vía telefónica de un presunto almacenamiento de material explosivo en su interior, para presuntamente apoyar las protestas asociadas al paro nacional convocado por el movimiento indígena.
En horas de la mañana, un representante de la FGE y agentes de Criminalística y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaron al interior de la instalación, con la orden de detectar la supuesta presencia de armas artesanales y explosivos, que habrían sido introducidas en la instalación por un grupo de 30 personas, según dio a conocer la policía.
Presuntamente, el material bélico sería empleado en el contexto de las protestas, para retener a policías y militares, y garantizar el acceso de los manifestantes a la Presidencia de la República.
Un comunicado divulgado por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana asegura que “tras la inspección de la FGE no se ha encontrado ningún rastro de armamento al interior de la institución”.
“Por el contrario, bajo la declaratoria del Estado de Excepción se ha pretendido violentar el derecho de cientos de artistas y gestores que habitan el espacio histórico del quehacer cultural”, denuncia el texto.
En declaraciones a medios locales, el presidente de la institución ecuatoriana manifestó su preocupación porque la Casa de la Cultura se convierta “en un espacio que fomente actos violentos de cualquier tipo”, ante la solicitud de la Policía Nacional de ingresar 400 efectivos para hacer frente al paro desde la sede cultural.
“Nuestro interés fundamental es que este espacio sea un espacio de mediaciones, sea un espacio que nos permita garantizar derechos humanos, que permita generar elementos de cuidado humanitario, si es que ese fuera el caso”, declaró el gestor cultural.
Cerón manifestó que no ha recibido solicitudes oficiales por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para usar las instalaciones de la institución; pero sería evaluada dentro de los procesos pertinentes, argumentando que esa institución “se mantenga como ha sido siempre, un espacio de paz”.
Asimismo, convocó a los artistas y sectores culturales, a mantenerse vigilantes de los que ocurre en “la casa de los artistas, de los sectores culturales, de las diversidades, y que luchemos por garantizar que este espacio no sea intervenido de ninguna forma por el Estado”.
Desde el pasado 13 de junio, el movimiento indígena ecuatoriano inició un paro nacional en contra del Gobierno de Guillermo Lasso, ante la solicitud de atender 10 pedidos, entre ellos el descenso de precio de los combustibles y el aumento del presupuesto para la educación intercultural.
Ante la ola de protestas y manifestaciones generadas, el Gobierno ecuatoriano declaró el 17 de junio estado de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.
En un comunicado, la PN informó que notificó la requisición del lugar, basado en el estado de excepción, con la finalidad de contar con un espacio físico al interior de esa institución para albergar a agentes antimotines de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y otras unidades policiales.
El presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, en declaraciones a la prensa, denunció la toma y aseveró que "con mucha pena tengo que decir que hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el terror le ha ganado a la vida, a la alegría, a la diversidad, a la pluralidad, hoy el terror está posándose en la institución cultural más importante del país" .
"La última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado, fue controlada por la policía, fue hace 42 años en el contexto de una dictadura. Ahora estamos en dictadura. Esta casa de la libertad, del pensamiento, de la diversidad ha caído en manos del terror", manifestó Cerón.
Horas antes, elementos de la fiscalía general del Estado (FGE) habían allanado la sede del recinto cultural tras la denuncia anónima vía telefónica de un presunto almacenamiento de material explosivo en su interior, para presuntamente apoyar las protestas asociadas al paro nacional convocado por el movimiento indígena.
En horas de la mañana, un representante de la FGE y agentes de Criminalística y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaron al interior de la instalación, con la orden de detectar la supuesta presencia de armas artesanales y explosivos, que habrían sido introducidas en la instalación por un grupo de 30 personas, según dio a conocer la policía.
Presuntamente, el material bélico sería empleado en el contexto de las protestas, para retener a policías y militares, y garantizar el acceso de los manifestantes a la Presidencia de la República.
Un comunicado divulgado por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana asegura que “tras la inspección de la FGE no se ha encontrado ningún rastro de armamento al interior de la institución”.
“Por el contrario, bajo la declaratoria del Estado de Excepción se ha pretendido violentar el derecho de cientos de artistas y gestores que habitan el espacio histórico del quehacer cultural”, denuncia el texto.
En declaraciones a medios locales, el presidente de la institución ecuatoriana manifestó su preocupación porque la Casa de la Cultura se convierta “en un espacio que fomente actos violentos de cualquier tipo”, ante la solicitud de la Policía Nacional de ingresar 400 efectivos para hacer frente al paro desde la sede cultural.
“Nuestro interés fundamental es que este espacio sea un espacio de mediaciones, sea un espacio que nos permita garantizar derechos humanos, que permita generar elementos de cuidado humanitario, si es que ese fuera el caso”, declaró el gestor cultural.
Cerón manifestó que no ha recibido solicitudes oficiales por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para usar las instalaciones de la institución; pero sería evaluada dentro de los procesos pertinentes, argumentando que esa institución “se mantenga como ha sido siempre, un espacio de paz”.
Asimismo, convocó a los artistas y sectores culturales, a mantenerse vigilantes de los que ocurre en “la casa de los artistas, de los sectores culturales, de las diversidades, y que luchemos por garantizar que este espacio no sea intervenido de ninguna forma por el Estado”.
Desde el pasado 13 de junio, el movimiento indígena ecuatoriano inició un paro nacional en contra del Gobierno de Guillermo Lasso, ante la solicitud de atender 10 pedidos, entre ellos el descenso de precio de los combustibles y el aumento del presupuesto para la educación intercultural.
Ante la ola de protestas y manifestaciones generadas, el Gobierno ecuatoriano declaró el 17 de junio estado de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.
REVOCATORIA
OTRO TEMA
QUE ENFRENTA LASSO POR
POR MAL GOBIERNO
Esta semana el CNE deberá definir
QUE ENFRENTA LASSO POR
POR MAL GOBIERNO
Esta semana el CNE deberá definir
El
trámite para revocar el mandato al presidente Guillermo Lasso camina a la par
de la mayor crisis que enfrenta su gobierno en un año en funciones: un paro
nacional que cumple ya siete días este lunes.
La iniciativa, presentada por un colectivo en Guayaquil, podría comenzar con la recolección de firmas en las próximas semanas. Los plazos para el trámite de la revocatoria del mandato están establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.
El pasado 2 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó a Lasso con la iniciativa, representada por la ciudadana Kerly Carvajal. El 13 de junio, Lasso entregó su respuesta a través del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Según la ley, Lasso podía impugnar la solicitud presentada por el colectivo “por no reunir los requisitos de admisibilidad “. Estos son: Identificación del solicitante y que este no esté incurso en alguna prohibición, por ejemplo, que no tenga sus derechos políticos. La determinación “clara y precisa” de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria. Desde entonces, el CNE tiene siete días hábiles para admitir o negar la solicitud de revocatoria. Este plazo se cumplirá en esta semana. Si se admite la petición, el CNE deberá entregar a los solicitantes los formularios para la recolección de firmas.
La Constitución establece que para la revocatoria del mandato del presidente de la República es necesario el respaldo del 15% del padrón vigente. En 2021, el padrón alcanzó los 13,09 millones de votantes registrados. Es decir que, para que la revocatoria pase son necesarias 1,96 millones de firmas válidas, que deberán ser presentadas en 180 días. Si este número de firmas es validado, el CNE tiene tres días para convocar a los ecuatorianos a las urnas, dentro de los siguientes tres meses.
SEÑALAMIENTOS
Lasso acumula en el CNE dos solicitudes de revocatoria de mandato. Hasta ahora, la única que avanza es la de Kerly Carvajal, quien se identifica como presidenta de la “Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato de políticos demagogos “. Este colectivo está conformado por, entre otros, el abogado guayaquileño Pedro Granja; la exvocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, y la activista Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Su pedido de revocatoria del mandato se centra en “supuestos” incumplimientos de Lasso a su plan de gobierno: Una educación accesible y de calidad para todos. Creación de dos millones de fuentes de empleo, que equivaldrían a 250.000 empleos por año de gobierno. Control del crimen organizado. Vivienda digna para todas las familias. No más violencia intrafamiliar ni abusos contra las mujeres. No más impuestos. Conservar el patrimonio natural del Ecuador. Salud gratuita y de calidad.
Además, argumentan que el plan de Gobierno del binomio Lasso-Borrero y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se contradicen. Según indican, “la propuesta del gobierno ecuatoriano es dejar la planificación en manos del mercado y desterrar al Estado de los proyectos de desarrollo”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Aunque el Gobierno debía centrar su respuesta en los requisitos de admisibilidad de la solicitud de revocatoria del mandato, aprovechó para cuestionar también los argumentos de fondo de la petición. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó 120 cajas, con “la evidencia de lo que se ha ejecutado en los frentes social, económico y de seguridad”. Jiménez aseguró que el pedido no cumple con los requisitos de forma, pero también es una oportunidad para que el Ejecutivo presente las acciones que ha cumplido.
La iniciativa, presentada por un colectivo en Guayaquil, podría comenzar con la recolección de firmas en las próximas semanas. Los plazos para el trámite de la revocatoria del mandato están establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.
El pasado 2 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó a Lasso con la iniciativa, representada por la ciudadana Kerly Carvajal. El 13 de junio, Lasso entregó su respuesta a través del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Según la ley, Lasso podía impugnar la solicitud presentada por el colectivo “por no reunir los requisitos de admisibilidad “. Estos son: Identificación del solicitante y que este no esté incurso en alguna prohibición, por ejemplo, que no tenga sus derechos políticos. La determinación “clara y precisa” de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria. Desde entonces, el CNE tiene siete días hábiles para admitir o negar la solicitud de revocatoria. Este plazo se cumplirá en esta semana. Si se admite la petición, el CNE deberá entregar a los solicitantes los formularios para la recolección de firmas.
La Constitución establece que para la revocatoria del mandato del presidente de la República es necesario el respaldo del 15% del padrón vigente. En 2021, el padrón alcanzó los 13,09 millones de votantes registrados. Es decir que, para que la revocatoria pase son necesarias 1,96 millones de firmas válidas, que deberán ser presentadas en 180 días. Si este número de firmas es validado, el CNE tiene tres días para convocar a los ecuatorianos a las urnas, dentro de los siguientes tres meses.
SEÑALAMIENTOS
Lasso acumula en el CNE dos solicitudes de revocatoria de mandato. Hasta ahora, la única que avanza es la de Kerly Carvajal, quien se identifica como presidenta de la “Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato de políticos demagogos “. Este colectivo está conformado por, entre otros, el abogado guayaquileño Pedro Granja; la exvocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, y la activista Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Su pedido de revocatoria del mandato se centra en “supuestos” incumplimientos de Lasso a su plan de gobierno: Una educación accesible y de calidad para todos. Creación de dos millones de fuentes de empleo, que equivaldrían a 250.000 empleos por año de gobierno. Control del crimen organizado. Vivienda digna para todas las familias. No más violencia intrafamiliar ni abusos contra las mujeres. No más impuestos. Conservar el patrimonio natural del Ecuador. Salud gratuita y de calidad.
Además, argumentan que el plan de Gobierno del binomio Lasso-Borrero y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se contradicen. Según indican, “la propuesta del gobierno ecuatoriano es dejar la planificación en manos del mercado y desterrar al Estado de los proyectos de desarrollo”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Aunque el Gobierno debía centrar su respuesta en los requisitos de admisibilidad de la solicitud de revocatoria del mandato, aprovechó para cuestionar también los argumentos de fondo de la petición. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó 120 cajas, con “la evidencia de lo que se ha ejecutado en los frentes social, económico y de seguridad”. Jiménez aseguró que el pedido no cumple con los requisitos de forma, pero también es una oportunidad para que el Ejecutivo presente las acciones que ha cumplido.
CONSEJO
DE JUDICATURA
ATIENDE PEDIDO DE LOS
ABOGADOS DE EL ORO
Suspenden medida de hecho
ATIENDE PEDIDO DE LOS
ABOGADOS DE EL ORO
Suspenden medida de hecho
El
Estado ecuatoriano tiene que ser presionado con medidas de hecho para atender
los requerimientos que se le plantea para poder desarrollar una administración
coherente. Al parecer, bajo extremos lograr reaccionar, tal como sucedió con la
huelga de hambre a la que tuvieron que acudir los miembros del Colegio de
Abogados de El Oro.
En efecto. El mencionado gremio, suspendió la huelga de hambre emprendida el pasado lunes 13 de junio a las 06:00 en los bajos de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, medida que fue tomada debido al incumplimiento del Consejo de la Judicatura a la creación del Tercer Tribunal de Garantías Penales y a la implementación de los Tribunales Fijos, dio a conocer la presidenta del CAO Vanessa Cevallos.
“En la noche del viernes 17 de junio, el Dr. Santiago Peñaherrera, director general y la Dra. Maribel Barreno, Vocal del Consejo de la Judicatura, nos han comunicado directamente la aceptación a nuestra demanda y han dictado instrucciones a la directora provincial para el efecto. En el término de 10 días deben estar ya implementados todos los Tribunales Fijos”, dio a conocer la principal del CAO.
“Agradezco la valiente participación de hombres y mujeres abogados que formaron parte de esta lucha, así como las delegaciones cantonales y todos aquellos que de una u otra manera se hicieron presentes brindando su apoyo; así como reconocemos la intervención de la señora Gobernadora de El Oro, y la predisposición de la Directora del Consejo de la Judicatura de El Oro, así como la decisión que tomó el Director Nacional del Consejo de la Judicatura para que luego de muchos años se haga realidad lo que tanto necesita nuestra provincia. Como parte del sistema no podemos sino sentirnos alagados por el enorme sacrificio del grupo de profesionales del derecho que formaron parte de esta protesta misma que tuvo un resultado favorable”, acotó Cevallos.
Por su parte la directora del Consejo de la Judicatura de El Oro Claudia Sánchez, agradeció al Consejo de la Judicatura a nivel Nacional y ratificó haber recibido instrucciones para continuar con el proceso que les permita conformar el Tercer Tribunal de Garantías Penales y la implementación de los Tribunales Fijos en nuestra provincia.
En efecto. El mencionado gremio, suspendió la huelga de hambre emprendida el pasado lunes 13 de junio a las 06:00 en los bajos de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, medida que fue tomada debido al incumplimiento del Consejo de la Judicatura a la creación del Tercer Tribunal de Garantías Penales y a la implementación de los Tribunales Fijos, dio a conocer la presidenta del CAO Vanessa Cevallos.
“En la noche del viernes 17 de junio, el Dr. Santiago Peñaherrera, director general y la Dra. Maribel Barreno, Vocal del Consejo de la Judicatura, nos han comunicado directamente la aceptación a nuestra demanda y han dictado instrucciones a la directora provincial para el efecto. En el término de 10 días deben estar ya implementados todos los Tribunales Fijos”, dio a conocer la principal del CAO.
“Agradezco la valiente participación de hombres y mujeres abogados que formaron parte de esta lucha, así como las delegaciones cantonales y todos aquellos que de una u otra manera se hicieron presentes brindando su apoyo; así como reconocemos la intervención de la señora Gobernadora de El Oro, y la predisposición de la Directora del Consejo de la Judicatura de El Oro, así como la decisión que tomó el Director Nacional del Consejo de la Judicatura para que luego de muchos años se haga realidad lo que tanto necesita nuestra provincia. Como parte del sistema no podemos sino sentirnos alagados por el enorme sacrificio del grupo de profesionales del derecho que formaron parte de esta protesta misma que tuvo un resultado favorable”, acotó Cevallos.
Por su parte la directora del Consejo de la Judicatura de El Oro Claudia Sánchez, agradeció al Consejo de la Judicatura a nivel Nacional y ratificó haber recibido instrucciones para continuar con el proceso que les permita conformar el Tercer Tribunal de Garantías Penales y la implementación de los Tribunales Fijos en nuestra provincia.
GUSTAVO PETRO
PRESIDENTE DE
PRESIDENTE DE
COLOMBIA
Primer triunfo de la izquierda
Primer triunfo de la izquierda
La
izquierda accederá por primera vez a la Presidencia de Colombia luego del
triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el
exguerrillero y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de la coalición Pacto
Histórico.
Con el 98,86 % de las mesas informadas, Petro obtenía 11.185.671 votos, equivalentes al 50,49 %, mientras que su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzaba 10.468.781 sufragios (el 47,25 %), indicó la Registraduría Nacional en su boletín número 14.
La ventaja de Petro sobre Hernández es de 716.890 votos, que equivalen al 3,24 %, superior a lo que vaticinaban las encuestas de intención de voto, que pronosticaban un empate técnico, algunas de ellas con menos de un punto porcentual de diferencia.
De esta forma, Petro, economista de 62 años, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026.
«Al fin ganamos! Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia @petrogustavo y a la nueva vicepresidenta de todas y todos los colombianos, @FranciaMarquezM!», escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, primera autoridad en reaccionar al resultado electoral.
Petro tras ganar Presidencia de Colombia: Hoy es día de fiesta para el pueblo
El presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, aseguró tras ganar este domingo en segunda vuelta que «hoy es día de fiesta para el pueblo» y dedicó su triunfo, que calificó como «la primera victoria popular», a la ciudadanía.
«Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas», expresó Petro, exalcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, en un mensaje en Twitter. EFE
Con el 98,86 % de las mesas informadas, Petro obtenía 11.185.671 votos, equivalentes al 50,49 %, mientras que su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzaba 10.468.781 sufragios (el 47,25 %), indicó la Registraduría Nacional en su boletín número 14.
La ventaja de Petro sobre Hernández es de 716.890 votos, que equivalen al 3,24 %, superior a lo que vaticinaban las encuestas de intención de voto, que pronosticaban un empate técnico, algunas de ellas con menos de un punto porcentual de diferencia.
De esta forma, Petro, economista de 62 años, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026.
«Al fin ganamos! Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia @petrogustavo y a la nueva vicepresidenta de todas y todos los colombianos, @FranciaMarquezM!», escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, primera autoridad en reaccionar al resultado electoral.
Petro tras ganar Presidencia de Colombia: Hoy es día de fiesta para el pueblo
El presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, aseguró tras ganar este domingo en segunda vuelta que «hoy es día de fiesta para el pueblo» y dedicó su triunfo, que calificó como «la primera victoria popular», a la ciudadanía.
«Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas», expresó Petro, exalcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, en un mensaje en Twitter. EFE
NOTIORO
MACHALA: Director - Ricardo Q. Zambrano -
Cdla. Las Brisas Mz. B4 villa 1 - Teléfono: 0991054125 - Machala - El Oro – Ecuador
