LASSO NO LE TEME A
REVOCATORIA DE LA
OPOSICIÓN
Pura bulla y nada más, dice
REVOCATORIA DE LA
OPOSICIÓN
Pura bulla y nada más, dice
“Es
pura bulla correista y un sinsentido brutal, la tan cacareada revocatoria”.
Palabras que se atribuyen al presidente Guillermo Lasso, quien al parecer no
perdería su tiempo en trivialidades, preocupándose de algo novedoso y nada más.
En efecto. Los abogados, Pedro Granja y Joselito Argüello, han entregado esta semana, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del presidente, Guillermo Lasso. Aducen un supuesto incumplimiento de su plan de gobierno, y a su vicepresidente, Alfredo Borrero, por haber firmado dicha agenda.
No es la primera vez que improvisados colectivos ciudadanos, buscan la revocatoria de un Primer Mandatario. Sucedió en el correísmo, pasando por Lenin Moreno y ahora con Lasso, cuando se ha recurrido a esa herramienta; misma ha devenido de las inconformidades hacia el Ejecutivo, pero no ha pasado de ser amenaza. No se ha concentrado por falta de cumplimiento de requisitos. Argumentan observadores neoliberales que asesoran a Lasso
Modesto Apolo, abogado, experto en derecho administrativo y quien abanderó junto con el presentador Carlos Vera un proceso de estos en tiempos de Rafael Correa (2010), no tuvo éxito. Recuerda que les pusieron trabas hasta por el tamaño de las hojas; a medida que el trámite avanzaba, de hecho, hubo cambios en el reglamento para la recolección de firmas. Finalmente, el trámite se archivó, publica diario El Universo
La doctora en Ciencia Política María Laura Eberhardt, explica que, aunque la revocatoria existe en la Constitución desde 1998 no es hasta 2008 cuando se amplía su alcance al Primer Mandatario. Además, desde 2011 hubo modificaciones que ponen en duda la verdadera utilidad de la herramienta.
Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de 2010, se reglamenta la revocatoria con tramitología muy puntual sobre firmas y procesos. Entre otros puntos, se requiere el 25% de respaldos para las circunscripciones de hasta 5 000 electores y el 10% para las circunscripciones de más de 300 000 electores. Además, la Ley Orgánica Electoral (2009) contempla la entrega de estas firmas (1,9 millones, que representan el 15% del padrón electoral, de acuerdo con la Constitución).
El constitucionalista André Benavides ratifica que ahora mismo los mecanismos que se tienen para llevar a cabo una revocatoria tienen dificultades. “No solo por la complejidad que representa el completar casi dos millones de firmas, sin presupuesto, sino porque los formularios, de acceder el CNE a entregarlos, tienen una validez de apenas seis meses”.
Además de Vera y Apolo, Marcelo Larrea también intentó iniciar la revocatoria contra Correa, pero el CNE negó la solicitud. En la anterior administración, la hermana del exmandatario, Pierina Correa, también anunció la iniciativa, pero contra Moreno. Tampoco tuvo éxito. Granja no es el único que quiere quitar del poder a Lasso. También tuvo intenciones de presentar un proceso de revocatoria el catedrático Omar Maluk.
LOS FORMULARIOS
Joselito Argüello asegura que el documento con la fundamentación de por qué Lasso ha incumplido su mandato, entregado el miércoles pasado al CNE, es completo y no hay manera de que sea refutado. “Hemos hecho una revisión del plan; de 89 promesas, apenas se han cumplido 4: debe en salud, en educación, en los requerimientos más básicos de la igualdad social”.
Para el politólogo Daniel Molina, “las incidencias políticas dentro del CNE influyen en la toma de decisiones del Consejo”, cuyos miembros dan vía o frenan por completo un proceso de este tipo.
En efecto. Los abogados, Pedro Granja y Joselito Argüello, han entregado esta semana, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del presidente, Guillermo Lasso. Aducen un supuesto incumplimiento de su plan de gobierno, y a su vicepresidente, Alfredo Borrero, por haber firmado dicha agenda.
No es la primera vez que improvisados colectivos ciudadanos, buscan la revocatoria de un Primer Mandatario. Sucedió en el correísmo, pasando por Lenin Moreno y ahora con Lasso, cuando se ha recurrido a esa herramienta; misma ha devenido de las inconformidades hacia el Ejecutivo, pero no ha pasado de ser amenaza. No se ha concentrado por falta de cumplimiento de requisitos. Argumentan observadores neoliberales que asesoran a Lasso
Modesto Apolo, abogado, experto en derecho administrativo y quien abanderó junto con el presentador Carlos Vera un proceso de estos en tiempos de Rafael Correa (2010), no tuvo éxito. Recuerda que les pusieron trabas hasta por el tamaño de las hojas; a medida que el trámite avanzaba, de hecho, hubo cambios en el reglamento para la recolección de firmas. Finalmente, el trámite se archivó, publica diario El Universo
La doctora en Ciencia Política María Laura Eberhardt, explica que, aunque la revocatoria existe en la Constitución desde 1998 no es hasta 2008 cuando se amplía su alcance al Primer Mandatario. Además, desde 2011 hubo modificaciones que ponen en duda la verdadera utilidad de la herramienta.
Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de 2010, se reglamenta la revocatoria con tramitología muy puntual sobre firmas y procesos. Entre otros puntos, se requiere el 25% de respaldos para las circunscripciones de hasta 5 000 electores y el 10% para las circunscripciones de más de 300 000 electores. Además, la Ley Orgánica Electoral (2009) contempla la entrega de estas firmas (1,9 millones, que representan el 15% del padrón electoral, de acuerdo con la Constitución).
El constitucionalista André Benavides ratifica que ahora mismo los mecanismos que se tienen para llevar a cabo una revocatoria tienen dificultades. “No solo por la complejidad que representa el completar casi dos millones de firmas, sin presupuesto, sino porque los formularios, de acceder el CNE a entregarlos, tienen una validez de apenas seis meses”.
Además de Vera y Apolo, Marcelo Larrea también intentó iniciar la revocatoria contra Correa, pero el CNE negó la solicitud. En la anterior administración, la hermana del exmandatario, Pierina Correa, también anunció la iniciativa, pero contra Moreno. Tampoco tuvo éxito. Granja no es el único que quiere quitar del poder a Lasso. También tuvo intenciones de presentar un proceso de revocatoria el catedrático Omar Maluk.
LOS FORMULARIOS
Joselito Argüello asegura que el documento con la fundamentación de por qué Lasso ha incumplido su mandato, entregado el miércoles pasado al CNE, es completo y no hay manera de que sea refutado. “Hemos hecho una revisión del plan; de 89 promesas, apenas se han cumplido 4: debe en salud, en educación, en los requerimientos más básicos de la igualdad social”.
Para el politólogo Daniel Molina, “las incidencias políticas dentro del CNE influyen en la toma de decisiones del Consejo”, cuyos miembros dan vía o frenan por completo un proceso de este tipo.
NADIE ES RESPONSABLE
DE LOS ASESINATOS EN
CÁRCELES DE ECUADOR
¿Estado en la impunidad?
DE LOS ASESINATOS EN
CÁRCELES DE ECUADOR
¿Estado en la impunidad?
Al
parecer los presos muertos en cárceles ecuatorianas se habría “suicidado” y con
ello finaliza la película. No sabemos si es de una primera parte, en la
incertidumbre judicial que en este y muchos casos. laceran al Estado.
La primera gran masacre carcelaria en Ecuador se registró el 23 de abril de 2021. Desde entonces, se han registrado nueve hechos similares que han dejado 416 personas privadas de la libertad (PPL) muertas. El último de estos hechos se registró en la cárcel de Santo Domingo. Todos en gobiernos neoliberales.
La versión del actual Gobierno ha sido que existen enfrentamientos entre bandas, por ganar territorio y liderazgo en las cárceles. Al menos seis bandas han sido identificadas dentro del conflicto: Choneros, Lobos, Lagartos, Chone Killers, R7 y Tiguerones.
PRIMERA MASACRE
Por ejemplo, en la primera masacre (23 de febrero de 2021), el exdirector del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que Pipos, Lobos, Chone Killers y Tiguerones se enfrentaron a su exbanda líder: los Choneros.
Pese a tener identificados a los líderes de cada organización delincuencial, al momento no hay ninguno penalizado. Tampoco se ha llegado a juicio.
RESPONSABLES DIRECTOS
La Fiscalía General del Estado debe investigar a los responsables directos de las masacres, es decir, a los presos que mataron a otros reos; así como a los autores intelectuales de esos hechos.
Son ellos quienes tienen una responsabilidad penal. “La Fiscalía tiene que darnos esta respuesta, tiene que procesarlos y tiene que darles otra sentencia”, explica el abogado penalista Pablo Encalada.
Desde 2021, se ha presentado 59 denuncias, de las cuales 19 están en instrucción fiscal, por los delitos de asesinato, daño a bien ajeno, delincuencia organizada, homicidio, robo y violación.
DEMANDA AL ESTADO
Encalada explica que, ante estos hechos, las familias de las víctimas de las cárceles podrían presentar una demanda contra el Estado.
La responsabilidad, sin embargo, será administrativa pero no penal, aclara Encalada al señalar que estos casos tendrán fines indemnizatorios. “Me parece importante que haya una sentencia en ese sentido, que se establezcan responsabilidades”, dice.
Para eso, las familias deben agotar todas las instancias internas. Si no obtienen respuestas en el ámbito nacional, deben ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para llevar un juicio contra el Estado se debe acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Esto, sin embargo, tarda mucho, un ejemplo es el caso de Paola Guzmán, cuya familia obtuvo justicia después de casi 20 años.
MENSAJE DE IMPUNIDAD
Daniel Romero, abogado penalista, dice que él no tener sentencias por las masacres carcelarias emite un mensaje de impunidad. “Si no se juzga a los cabecillas, ni a los miembros de bandas que han perpetuado el terror de las cárceles, las masacres no van a terminar”, dice.
Otro problema que puede generar la falta de sentencias es “entorpecer el proceso de pacificación”. Romero explica que si el juzgamiento llega luego de la pacificación “los tratados pueden romperse o, lo que es peor, dilatar hasta archivar las causas por mantener la pacificación”, dice.
Al momento, Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings y R7 han expresado su deseo de iniciar el proceso de paz y llegar a una tregua en las cárceles. Fuente: La Hora – Notioro Machala
La primera gran masacre carcelaria en Ecuador se registró el 23 de abril de 2021. Desde entonces, se han registrado nueve hechos similares que han dejado 416 personas privadas de la libertad (PPL) muertas. El último de estos hechos se registró en la cárcel de Santo Domingo. Todos en gobiernos neoliberales.
La versión del actual Gobierno ha sido que existen enfrentamientos entre bandas, por ganar territorio y liderazgo en las cárceles. Al menos seis bandas han sido identificadas dentro del conflicto: Choneros, Lobos, Lagartos, Chone Killers, R7 y Tiguerones.
PRIMERA MASACRE
Por ejemplo, en la primera masacre (23 de febrero de 2021), el exdirector del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que Pipos, Lobos, Chone Killers y Tiguerones se enfrentaron a su exbanda líder: los Choneros.
Pese a tener identificados a los líderes de cada organización delincuencial, al momento no hay ninguno penalizado. Tampoco se ha llegado a juicio.
RESPONSABLES DIRECTOS
La Fiscalía General del Estado debe investigar a los responsables directos de las masacres, es decir, a los presos que mataron a otros reos; así como a los autores intelectuales de esos hechos.
Son ellos quienes tienen una responsabilidad penal. “La Fiscalía tiene que darnos esta respuesta, tiene que procesarlos y tiene que darles otra sentencia”, explica el abogado penalista Pablo Encalada.
Desde 2021, se ha presentado 59 denuncias, de las cuales 19 están en instrucción fiscal, por los delitos de asesinato, daño a bien ajeno, delincuencia organizada, homicidio, robo y violación.
DEMANDA AL ESTADO
Encalada explica que, ante estos hechos, las familias de las víctimas de las cárceles podrían presentar una demanda contra el Estado.
La responsabilidad, sin embargo, será administrativa pero no penal, aclara Encalada al señalar que estos casos tendrán fines indemnizatorios. “Me parece importante que haya una sentencia en ese sentido, que se establezcan responsabilidades”, dice.
Para eso, las familias deben agotar todas las instancias internas. Si no obtienen respuestas en el ámbito nacional, deben ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para llevar un juicio contra el Estado se debe acudir a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Esto, sin embargo, tarda mucho, un ejemplo es el caso de Paola Guzmán, cuya familia obtuvo justicia después de casi 20 años.
MENSAJE DE IMPUNIDAD
Daniel Romero, abogado penalista, dice que él no tener sentencias por las masacres carcelarias emite un mensaje de impunidad. “Si no se juzga a los cabecillas, ni a los miembros de bandas que han perpetuado el terror de las cárceles, las masacres no van a terminar”, dice.
Otro problema que puede generar la falta de sentencias es “entorpecer el proceso de pacificación”. Romero explica que si el juzgamiento llega luego de la pacificación “los tratados pueden romperse o, lo que es peor, dilatar hasta archivar las causas por mantener la pacificación”, dice.
Al momento, Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings y R7 han expresado su deseo de iniciar el proceso de paz y llegar a una tregua en las cárceles. Fuente: La Hora – Notioro Machala
A LLORI NO LA SALVAN NI
EL CHAPULIN COLORADO
NI LA MAMA DE TARZAN
La mayoría se la come y sin ají
NI LA MAMA DE TARZAN
La mayoría se la come y sin ají
Utilizando
las populares frases de los chicos en las calles. A Guadalupe Llori,
presidendenta de la Asamblea Nacional, no la salvan: Ni el “Chapulín Colorado”,
tampoco la mamá de Tarzán, y por lo tanto será devorada fácilmente por la
oposición, debido a los ingredientes delictivos y violaciones constitucionales
que señalan a la indígena.Al final, lo que cuentan son los números.
A pesar de que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, insiste en una vulneración al debido proceso en la investigación en su contra, parecería que su suerte ya está echada. Llori fue notificada la tarde del 25 de mayo de 2022 con el informe de la comisión multipartidista que recomienda al Pleno su remoción del cargo.
Es decir, que tiene hasta el próximo lunes 30 de mayo para convocar a la sesión del Pleno en la que tendrá que defenderse.
El panorama para Llori es muy complicado. Se necesitan 71 votos para su remoción como presidenta de la Asamblea, un número fácilmente alcanzable para sus detractores. De momento, solo una bancada se mantiene fiel a su lado: la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que cuenta 27 asambleístas. Llori también sumaría el apoyo de lo que queda de la Izquierda Democrática (ID), que tiene 10 legisladores. Es decir, tiene asegurados apenas 37 apoyos.
Del otro lado, quienes acusan a Llori ya suman más de los 71 votos. En ese grupo están Unión por la Esperanza (UNES), que tiene 47 votos, el Partido Social Cristino (PSC) (15), los rebeldes de Pachakutik (6) y los rebeldes de la ID (5). Es decir, sus opositores tienen 73 votos asegurados. A los que se les podrían sumar al menos una parte de los independientes, representados en la comisión multipartidista por John Vinueza.
En medio de todo esto, están los 19 asambleístas de Pachakutik, cuyo respaldo a Llori no está garantizado. Dentro del movimiento, hay cuestionamientos a sus actuaciones. Incluso cuatro asambleístas (Cristian Yucailla, José Chimbo, Ángel Maita y Dina Farinango), además de los seis “rebeldes”, no asistieron al Informe a la Nación del 24 de mayo, sino al evento de la Conaie que se desarrolló el mismo día.
LA SUMA DE DENUNCIAS
Si Llori llega a ser removida de su cargo, quien entraría a reemplazarla sería el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ex BAN). La Ley de la Función Legislativa establece que, en caso de ausencia definitiva, es el primer vicepresidente el que entra como reemplazo hasta que se cumpla el período para el que la Presidenta fue elegida. Este se cumpliría el 15 de mayo de 2023.
La designación de Saquicela en reemplazo de Llori queda más asegurada después de que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) archivara la denuncia en su contra, presentada por Eitel Zambrano. Esta denuncia apostaba también a su remoción del cargo.
Pero lo que sí entrará en análisis es la denuncia en contra de Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta. Ella es señalada por Jahaira Urresta (alterna de Pabel Muñoz de UNES) por incumplimiento de funciones, por haber propuesto en el CAL la moción de consultar a la Corte Constitucional si era posible dar trámite a la derogatoria de la reforma tributaria.
Esta denuncia sí fue calificada por el CAL. Por lo que seguirá enfrentar un proceso similar al de Llori, en una comisión multipartidista que evalúe si procede o no su remoción. Pero los legisladores deberán decidir si es la misma comisión que ya evaluó a Llori, o si se crean una nueva
A pesar de que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, insiste en una vulneración al debido proceso en la investigación en su contra, parecería que su suerte ya está echada. Llori fue notificada la tarde del 25 de mayo de 2022 con el informe de la comisión multipartidista que recomienda al Pleno su remoción del cargo.
Es decir, que tiene hasta el próximo lunes 30 de mayo para convocar a la sesión del Pleno en la que tendrá que defenderse.
El panorama para Llori es muy complicado. Se necesitan 71 votos para su remoción como presidenta de la Asamblea, un número fácilmente alcanzable para sus detractores. De momento, solo una bancada se mantiene fiel a su lado: la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que cuenta 27 asambleístas. Llori también sumaría el apoyo de lo que queda de la Izquierda Democrática (ID), que tiene 10 legisladores. Es decir, tiene asegurados apenas 37 apoyos.
Del otro lado, quienes acusan a Llori ya suman más de los 71 votos. En ese grupo están Unión por la Esperanza (UNES), que tiene 47 votos, el Partido Social Cristino (PSC) (15), los rebeldes de Pachakutik (6) y los rebeldes de la ID (5). Es decir, sus opositores tienen 73 votos asegurados. A los que se les podrían sumar al menos una parte de los independientes, representados en la comisión multipartidista por John Vinueza.
En medio de todo esto, están los 19 asambleístas de Pachakutik, cuyo respaldo a Llori no está garantizado. Dentro del movimiento, hay cuestionamientos a sus actuaciones. Incluso cuatro asambleístas (Cristian Yucailla, José Chimbo, Ángel Maita y Dina Farinango), además de los seis “rebeldes”, no asistieron al Informe a la Nación del 24 de mayo, sino al evento de la Conaie que se desarrolló el mismo día.
LA SUMA DE DENUNCIAS
Si Llori llega a ser removida de su cargo, quien entraría a reemplazarla sería el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ex BAN). La Ley de la Función Legislativa establece que, en caso de ausencia definitiva, es el primer vicepresidente el que entra como reemplazo hasta que se cumpla el período para el que la Presidenta fue elegida. Este se cumpliría el 15 de mayo de 2023.
La designación de Saquicela en reemplazo de Llori queda más asegurada después de que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) archivara la denuncia en su contra, presentada por Eitel Zambrano. Esta denuncia apostaba también a su remoción del cargo.
Pero lo que sí entrará en análisis es la denuncia en contra de Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta. Ella es señalada por Jahaira Urresta (alterna de Pabel Muñoz de UNES) por incumplimiento de funciones, por haber propuesto en el CAL la moción de consultar a la Corte Constitucional si era posible dar trámite a la derogatoria de la reforma tributaria.
Esta denuncia sí fue calificada por el CAL. Por lo que seguirá enfrentar un proceso similar al de Llori, en una comisión multipartidista que evalúe si procede o no su remoción. Pero los legisladores deberán decidir si es la misma comisión que ya evaluó a Llori, o si se crean una nueva
SAQUICELA EL AUTOR DE
LA INFLUENCIA PSIQUICA
QUE CONDENO A CORREA
AHORA LLORA
De persecución injusta y cruel
LA INFLUENCIA PSIQUICA
QUE CONDENO A CORREA
AHORA LLORA
De persecución injusta y cruel
Con
un bien disimulado gesto de indignación, a veces y preocupación, también. Ivan
Saquicela, “artista” que recibiera el “Oscar Influjo Psíquico por al mejor guion
y soberbia actuación en el caso Soborno, conocido mundialmente como Bochorno.
Llora desesperado por la suerte que le corre ahora, debido a graves
infracciones que lo tienen suspendido de su elevado cargo judicial, que le
fuera otorgado por el neoliberalismo, como premio mayor por sentenciar a Rafael
Correa
Así entonces. En la sala 109, en el Complejo Judicial de Cuenca, desde las 11:00 de ayer, se cumplió la audiencia por la acción de protección solicitada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Saquicela presentó este recurso legal en rechazo a la decisión que tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el último 20 de mayo de 2022, de suspenderlo de su cargo por 90 días por una presunta infracción gravísima.
Y es que según el CJ Saquicela habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia, por el supuesto retardo en el pedido de extradición de Rafael Correa, expresidente del Ecuador.
Sobre Correa pesa una sentencia de ocho años de prisión, pues se lo acusa de haber participado en un trama de corrupción entre 2007 y 2017, y de que funcionarios de su gobierno recibieron sobornos a cambio de entregar contratos.
Carlos Jerves, juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer de Cuenca, será el que resuelva la solicitud de Saquicela. La diligencia terminó cerca de las 14:30 y se reinstalará el lunes.
Jerves el último 23 de mayo le negó a Saquicela una medida cautelar con la que buscaba dejar sin efecto la suspensión. El argumento fue que no hay la necesidad temporal de adoptar esta acción.
GREMIO
Rubén Calle, jurista y expresidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), asistió a la audiencia. También lo hicieron dirigentes de este gremio de profesionales del derecho.
“El mensaje que va entre líneas detrás de esta decisión del Consejo de la Judicatura es de una amenaza sobre el sistema de justicia, es establecer el yo estoy por encima de todo…”, señaló.
Y acotó: “eso es grave porque genera una grave intromisión en lo que significa la actuación judicial del sistema, implica que también los jueces este momento están en una situación de inestabilidad y hasta de temor…”.
Para Calle este tipo de actuaciones del CJ violenta el principio constitucional de división y separación de las funciones y poderes del Estado, además de que va en contra de la seguridad jurídica.
El último 25 de mayo el CCA, cuyo presidente es Pablo Cordero Diaz, emitió un manifiesto público para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y CJ.
En el escrito consta que la suspensión de Iván Saquicela genera incertidumbre al igual que atenta contra la seguridad jurídica y vulnera algunos derechos constitucionales.
Igualmente figura que “el ejercicio de la potestad disciplinaria del CJ para la suspensión de funciones de los servidores, es excepcional y debe ser motivada, proporcional con todas las actuaciones del poder público…”.
REMOCIÓN
La suspensión de Saquicela se dio pocos días antes de que sea removido, por el CJ, Darío Ordóñez, de su cargo como director, en el ámbito administrativo, del CJ en Azuay.
Justamente Ordóñez lideraba la terna enviada por Saquicela al CPCCS para elegir al presidente del CJ. Este jurista estuvo un año y un mes al frente del CJ en esta provincia.
Ordóñez registra cerca de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, principalmente, en los ámbitos constitucional y contencioso administrativo. Ha sido asesor jurídico en varios gremios de la provincia y en la empresa privada
Así entonces. En la sala 109, en el Complejo Judicial de Cuenca, desde las 11:00 de ayer, se cumplió la audiencia por la acción de protección solicitada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Saquicela presentó este recurso legal en rechazo a la decisión que tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el último 20 de mayo de 2022, de suspenderlo de su cargo por 90 días por una presunta infracción gravísima.
Y es que según el CJ Saquicela habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia, por el supuesto retardo en el pedido de extradición de Rafael Correa, expresidente del Ecuador.
Sobre Correa pesa una sentencia de ocho años de prisión, pues se lo acusa de haber participado en un trama de corrupción entre 2007 y 2017, y de que funcionarios de su gobierno recibieron sobornos a cambio de entregar contratos.
Carlos Jerves, juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer de Cuenca, será el que resuelva la solicitud de Saquicela. La diligencia terminó cerca de las 14:30 y se reinstalará el lunes.
Jerves el último 23 de mayo le negó a Saquicela una medida cautelar con la que buscaba dejar sin efecto la suspensión. El argumento fue que no hay la necesidad temporal de adoptar esta acción.
GREMIO
Rubén Calle, jurista y expresidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), asistió a la audiencia. También lo hicieron dirigentes de este gremio de profesionales del derecho.
“El mensaje que va entre líneas detrás de esta decisión del Consejo de la Judicatura es de una amenaza sobre el sistema de justicia, es establecer el yo estoy por encima de todo…”, señaló.
Y acotó: “eso es grave porque genera una grave intromisión en lo que significa la actuación judicial del sistema, implica que también los jueces este momento están en una situación de inestabilidad y hasta de temor…”.
Para Calle este tipo de actuaciones del CJ violenta el principio constitucional de división y separación de las funciones y poderes del Estado, además de que va en contra de la seguridad jurídica.
El último 25 de mayo el CCA, cuyo presidente es Pablo Cordero Diaz, emitió un manifiesto público para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y CJ.
En el escrito consta que la suspensión de Iván Saquicela genera incertidumbre al igual que atenta contra la seguridad jurídica y vulnera algunos derechos constitucionales.
Igualmente figura que “el ejercicio de la potestad disciplinaria del CJ para la suspensión de funciones de los servidores, es excepcional y debe ser motivada, proporcional con todas las actuaciones del poder público…”.
REMOCIÓN
La suspensión de Saquicela se dio pocos días antes de que sea removido, por el CJ, Darío Ordóñez, de su cargo como director, en el ámbito administrativo, del CJ en Azuay.
Justamente Ordóñez lideraba la terna enviada por Saquicela al CPCCS para elegir al presidente del CJ. Este jurista estuvo un año y un mes al frente del CJ en esta provincia.
Ordóñez registra cerca de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, principalmente, en los ámbitos constitucional y contencioso administrativo. Ha sido asesor jurídico en varios gremios de la provincia y en la empresa privada
ORO NARCOTRAFICO
EN “LINGOTES” - FUE
INCAUTADO
Con millones de dinero en efectivo
EN “LINGOTES” - FUE
INCAUTADO
Con millones de dinero en efectivo
La
Policía de Ecuador se incautó de lingotes de oro y otros artículos, valorados
en 10 millones de dólares, en operativos contra la delincuencia, que permitió
la desarticulación de bandas delictivas en la zona costera del país, informó este
jueves el Ministerio del Interior.
Así lo señaló el titular del Interior, Patricio Carrillo, al informar de operativos realizados el miércoles en los que se «golpeó a una importante estructura criminal en Guayaquil», provincia costera que, junto a la de Esmeraldas y Manabí, está en estado de excepción para tratar de controlar la inseguridad.
A esta organización «se le encontró aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Organizaciones como esta son las que dan poder criminal y producen violencia en el país», dijo.
«Estas son nuevas evidencias de nuestro compromiso como Gobierno Nacional, de imponer la ley y perseguir la delincuencia. No vamos a claudicar en nuestra tarea por devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos», señaló en un mensaje reenviado este jueves por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Al caso se refirió el miércoles la Fiscalía General del Estado al informar de la detención de una persona presuntamente involucrada en lavado de activos y requerida por la Justicia peruana por tráfico de drogas, quien había fingido su muerte para evadir la orden de captura.
La detención -indicó- tuvo lugar durante un operativo simultáneo liderado por la Fiscalía en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena, y en los allanamientos se hallaron lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo.
«El sospechoso era requerido por la Justicia de Perú por tráfico de drogas, pero logró evadirla fingiendo su muerte para extinguir la acción penal, logrando que se levanten las órdenes de captura en su contra», señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía determinaron que el detenido tendría inversiones en el sistema inmobiliario, así como acciones y participación en personas jurídicas de Ecuador, obteniendo así un inusual crecimiento económico.
Asimismo, anotó que en los 19 allanamientos liderados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía, otras 6 personas fueron aprehendidas, e indicó que a todos se les formularán cargos por presunto lavado de activos.
Así lo señaló el titular del Interior, Patricio Carrillo, al informar de operativos realizados el miércoles en los que se «golpeó a una importante estructura criminal en Guayaquil», provincia costera que, junto a la de Esmeraldas y Manabí, está en estado de excepción para tratar de controlar la inseguridad.
A esta organización «se le encontró aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Organizaciones como esta son las que dan poder criminal y producen violencia en el país», dijo.
«Estas son nuevas evidencias de nuestro compromiso como Gobierno Nacional, de imponer la ley y perseguir la delincuencia. No vamos a claudicar en nuestra tarea por devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos», señaló en un mensaje reenviado este jueves por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Al caso se refirió el miércoles la Fiscalía General del Estado al informar de la detención de una persona presuntamente involucrada en lavado de activos y requerida por la Justicia peruana por tráfico de drogas, quien había fingido su muerte para evadir la orden de captura.
La detención -indicó- tuvo lugar durante un operativo simultáneo liderado por la Fiscalía en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena, y en los allanamientos se hallaron lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo.
«El sospechoso era requerido por la Justicia de Perú por tráfico de drogas, pero logró evadirla fingiendo su muerte para extinguir la acción penal, logrando que se levanten las órdenes de captura en su contra», señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía determinaron que el detenido tendría inversiones en el sistema inmobiliario, así como acciones y participación en personas jurídicas de Ecuador, obteniendo así un inusual crecimiento económico.
Asimismo, anotó que en los 19 allanamientos liderados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía, otras 6 personas fueron aprehendidas, e indicó que a todos se les formularán cargos por presunto lavado de activos.
LULA MANTIENE VENTAJA
SOBRE BOLSONARO DICE
ENCUESTA
SOBRE BOLSONARO DICE
ENCUESTA
Una
encuesta del instituto Datafolha de Brasil registró este jueves que
el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva,
supera con más de 20 puntos en intención de voto al presidente
Jair Bolsonaro, de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo.
De acuerdo con los resultados, la intención de voto a favor Lula es de 48 por ciento, lo que representa un incremento de cinco puntos con respecto al 43 por ciento obtenido en el último sondeo.
Por su parte, el mandatario Bolsonaro logró el aumento de un punto desde la pasada encuesta, para un total de 27 por ciento de respaldo.
En tercer lugar está Ciro Gomes con 7 por ciento, seguido por André Janones y Simone Tebet con 2 por ciento, respectivamente.
En este sondeo del instituto Datafolha se destaca el apoyo hacia Lula entre los votantes de 16 a 24 años de edad, con un el 58 por ciento.
En la encuesta participaron 2.556 electores, con más de 16 años de edad, durante los días 25 y 26 de mayo en 181 diferentes ciudades del país, siendo el margen de error de 2 por ciento.
De acuerdo con los resultados, la intención de voto a favor Lula es de 48 por ciento, lo que representa un incremento de cinco puntos con respecto al 43 por ciento obtenido en el último sondeo.
Por su parte, el mandatario Bolsonaro logró el aumento de un punto desde la pasada encuesta, para un total de 27 por ciento de respaldo.
En tercer lugar está Ciro Gomes con 7 por ciento, seguido por André Janones y Simone Tebet con 2 por ciento, respectivamente.
En este sondeo del instituto Datafolha se destaca el apoyo hacia Lula entre los votantes de 16 a 24 años de edad, con un el 58 por ciento.
En la encuesta participaron 2.556 electores, con más de 16 años de edad, durante los días 25 y 26 de mayo en 181 diferentes ciudades del país, siendo el margen de error de 2 por ciento.
FECHA FINAL LIGAPRO
CON CAMBIOS EN LOS
HORARIOS
Cuatro equipos opcionados
CON CAMBIOS EN LOS
HORARIOS
Cuatro equipos opcionados
Debido
a que todavía no existe un ganador de la etapa y hay cuatro equipos que
se la pueden llevar, se confirmó el cambio de horario para la fecha final de la
primera fase de la LigaPro. Barcelona, Católica, IDV y Liga pelean la etapa.
El anuncio se realizó este 24 de mayo del 2022.
Se dictaminó que los partidos definitorios se jueguen de forma simultánea. Si bien esta decisión no fue alterada, la hora en la que se llevarán a cabo sí.
Esos partidos se jugarán el domingo 29 de mayo del 2022 a las 18:00. Ese horario se había programado para los cotejos de Barcelona, Universidad Católica, Liga e Independiente del Valle, que son los candidatos a sellar su pase a la final de la competición.
Los toreros son los punteros de la etapa y cuentan con 27 unidades a favor, solo uno por encima de sus inmediatos perseguidores. A camarattas, albos, y rayados, solo les separa el gol diferencia.
Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, mencionó que conversó con los encargados de las transmisiones de televisión y les explicó la necesidad del cambio. “Entendemos la importancia del público pero también de la TV, más aún ahora que ven nuestra liga en todo el mundo“. señaló el directivo.
En el caso de los demás partidos se mantuvieron las asignaciones, salvo en uno del sábado 28 de mayo, que también pasó hacia las 18:00. Todos los choques, incluidos aquellos que se disputan al mismo tiempo, serán emitidos por “GolTv” y “Star +”
LA FECHA 15
Viernes 27 de mayo
Gualaceo vs. Aucas. Hora: 19:00. Estadio: Jorge Andrade Cantos.
Sábado 28 de mayo
Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa. Hora: 13:00. Estadio: Alejandro Serrano Aguilar.
Orense vs. Guayaquil City. Hora: 15:30. Estadio: 9 de Mayo.
Técnico Universitario vs. Emelec. Hora: 18:00. Estadio: Bellavista.
Técnico Universitario vs. Emelec. Hora: 18:00. Estadio: Bellavista.
HORARIO UNIFICADO - Domingo 29 de mayo
Liga de Quito vs. Macará.
Hora: 18:00. Estadio: Rodrigo Paz Delgado.
Universidad Católica vs. Delfín.
Hora: 18:00 - Estadio: Olímpico Atahualpa
Barcelona vs. Cumbayá. Hora: 18:00. Estadio: Estadio Monumental.
9 de Octubre vs. Independiente del Valle Hora: 18:00.Estadio: Los Chirijos.
El anuncio se realizó este 24 de mayo del 2022.
Se dictaminó que los partidos definitorios se jueguen de forma simultánea. Si bien esta decisión no fue alterada, la hora en la que se llevarán a cabo sí.
Esos partidos se jugarán el domingo 29 de mayo del 2022 a las 18:00. Ese horario se había programado para los cotejos de Barcelona, Universidad Católica, Liga e Independiente del Valle, que son los candidatos a sellar su pase a la final de la competición.
Los toreros son los punteros de la etapa y cuentan con 27 unidades a favor, solo uno por encima de sus inmediatos perseguidores. A camarattas, albos, y rayados, solo les separa el gol diferencia.
Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, mencionó que conversó con los encargados de las transmisiones de televisión y les explicó la necesidad del cambio. “Entendemos la importancia del público pero también de la TV, más aún ahora que ven nuestra liga en todo el mundo“. señaló el directivo.
En el caso de los demás partidos se mantuvieron las asignaciones, salvo en uno del sábado 28 de mayo, que también pasó hacia las 18:00. Todos los choques, incluidos aquellos que se disputan al mismo tiempo, serán emitidos por “GolTv” y “Star +”
LA FECHA 15
Viernes 27 de mayo
Gualaceo vs. Aucas. Hora: 19:00. Estadio: Jorge Andrade Cantos.
Sábado 28 de mayo
Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa. Hora: 13:00. Estadio: Alejandro Serrano Aguilar.
Orense vs. Guayaquil City. Hora: 15:30. Estadio: 9 de Mayo.
Técnico Universitario vs. Emelec. Hora: 18:00. Estadio: Bellavista.
Técnico Universitario vs. Emelec. Hora: 18:00. Estadio: Bellavista.
HORARIO UNIFICADO - Domingo 29 de mayo
Liga de Quito vs. Macará.
Hora: 18:00. Estadio: Rodrigo Paz Delgado.
Universidad Católica vs. Delfín.
Hora: 18:00 - Estadio: Olímpico Atahualpa
Barcelona vs. Cumbayá. Hora: 18:00. Estadio: Estadio Monumental.
9 de Octubre vs. Independiente del Valle Hora: 18:00.Estadio: Los Chirijos.
NOTIORO MACHALA: Director - Ricardo Q. Zambrano - Cdla. Las Brisas Mz. B4 villa 1 - Teléfono: 0991054125 - Machala - El Oro – Ecuador
