CUPULA MILITAR DICE
QUE EN ECUADOR "NO"
HAY TERRORISTAS
Solo grupos delincuenciales
“No es que solo te roban o te tratan mal. Te obligan a comprarles droga o llevarla hasta algún sitio. Un día me hicieron dejar una funda en un basurero cerca del cole”, dice, Juan (nombre protegido), alumno de segundo de bachillerato.
Cuando la madre de Juan supo lo que pasaba decidió cambiarlo de colegio. Para su familia ese camino era el más fácil, pues no confiaban en que las autoridades hicieran algo.
Lo vivido por este joven de 17 años, lo confirman las cifras de la encuesta ‘Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad’, en la que se detalla que 4 de cada 10 estudiantes en Ecuador aseguraron que dentro de sus colegios había algún tipo de droga. También que el 10% de niños y adolescentes de instituciones educativas confirma haber probado alguna vez una droga.
La entrada de drogas a instituciones se da a través de alumnos que, abiertamente, señalan ser miembros de bandas delictivas. “No dicen que son de esas bandas de las noticias (las que ahora son consideradas terroristas), pero sí dicen que son Ñetas”, señala un alumno del colegio Montúfar, en Quito, quien a la salida del colegio ha sido amedrentado.
En el Colegio Mejía, en Quito, donde se ha registrado un suicidio por acoso escolar y denuncias por violencia, los alumnos señalan que hay grupos que los amedrentan. “Dicen que son de la Demencia Mejía”, cuenta un estudiante de 15 años.
Por su parte, miembros de la barra ‘Demencia Mejía’ han señalado que su nombre ha sido tomado por alumnos que ni siquiera son miembros.
En una rueda de prensa, el 28 de abril de 2023, María Brown, ministra de Educación, reconoció que tienen conocimiento sobre pandillas que operan en los colegios e hizo un llamado a la comunidad educativa a “no dejar de denunciarlo”. “Si existe una denuncia, una alerta, la responsabilidad del adulto es activar los protocolos”, dijo al agregar que cualquier persona que vea un delito flagrante en una institución educativa se debe llamar al ECU 911.
“Las denuncias pueden ser anónimas”, enfatizó la Ministra. Además, si el delito no es flagrante se debe denunciar en 1800 DELITO.
CONSUMO TEMPRANO
El Ministerio de Salud tiene algunas ‘luces’ sobre esta problemática a partir de los servicios de los Centros de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad).
En los últimos tres años, por ejemplo, 60.082 niños y jóvenes, entre 10 y 18 años, han sido atendidos por problemas de consumo.
En enero de 2022, Alexandra Vela, exministra de Gobierno, calificó de preocupante la temprana edad a la que está iniciando el consumo. “En muchos casos bordea los 8 años de edad”, señaló. Desde esa institución se determinó que hasta el 30% de la droga decomisada iba al microtráfico que significa el consumo interno y la venta en las calles y exteriores de colegios.
¿Pero qué drogas se consumen entre los estudiantes?
Los alumnos consultados por LA HORA concuerdan que lo que más se vende es marihuana y “la clona”, esta última es Clonazepam, un medicamento que usualmente se utiliza y es recetado para atender tratamientos de ansiedad y depresión.
Aunque es un fármaco que requiere receta, los alumnos dicen que se vende desde $10 una pastilla. También hay cocaína, “pero en menor cantidad” dicen los estudiantes.
PROFESORES VACUNADOS
Los alcances de las pandillas estudiantiles llegan incluso a los docentes. Así lo relata María (nombre protegido), docente de una institución particular, ubicada en el norte de Quito.
“Hay un grupo de alumnos que exige desde buenas notas, hasta plata. A algunos compañeros les han pedido entre $25 y $50. Cuando no han querido darles les rayan el carro, les rompen los vidrios, les siguen, les intimidad”, dice.
Ante esto, no ha existido denuncia porque “al ser menores de edad es más complejo”. Por eso, la medida es que los estudiantes terminen el año lectivo y, después, se les niegue la matrícula. “Yo les pongo buenas notas, no me quiero pelear con ellos”, dice la profesora
AYER EL ATENTADO EN
CONTRA PUTIN
TELESUR.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, condenó el intento de magnicidio contra su par ruso, Vladimir Putin, tras los ataques con drones perpetrados contra el palacio del Kremlin, informó en un comunicado el miércoles la Cancillería venezolana.
El gobierno venezolano resaltó "la efectiva acción de los cuerpos de seguridad rusos que oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos hacia el palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin".
En el texto se manifiesta la solidaridad con Rusia "ante estos hechos y hace votos para que las autoridades competentes lleven ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales que organizaron, financiaron y patrocinaron este condenable intento de magnicidio".
AUNQUE POLICIAS DE TRANSITO
EXIGEN COIMAS Y EL GOBIERNO
CONOCE
No los sancionan porque no hay denuncias
Aunque los reclamos contra los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) por pedir coimas a los conductores son recurrentes, las denuncias que llegan a la Fiscalía son escasas.
“Hay un subregistro de las denuncias, porque la mayoría de casos se difunden en redes sociales y no se formalizan”, dijo la Dirección de Comunicación de la CTE a la prensa. Aunque, sin precisar el número de denuncias.
En Azuay, los últimos casos ocurrieron en abril de 2023. Un ciudadano extranjero que llegó a Cuenca para casarse, denunció por redes sociales que un grupo de vigilantes de la CTE le pidió USD 250 para dejarlo avanzar a su boda.
El ciudadano se trasladaba por la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Los agentes lo detuvieron porque, al parecer, el bus en el que viajaba, no tenía los permisos correspondientes.
“Nos dijeron que, si no cancelábamos USD 250, el vehículo sería retenido por siete días“, detalló el hombre en un video publicado en redes sociales. Una semana después, otra ciudadana compartió una nueva denuncia.
Su hermano y su madre viajaban de Cuenca a Loja, cuando ocho vigilantes los detuvieron en Susudel (Oña). “Bajaron a mi hermano, lo llevaron a un lado y le pidieron USD 80 para dejarlos pasar”, relató la mujer en Radio La Voz del Tomebamba.
Pero los testimonios ciudadanos no son suficientes para probar un delito, explica Lenin Guzmán, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Azuay. Eso dificulta que exista una sanción hacia quienes cometen estos actos. Sin embargo, la dirección provincial de la CTE inició, de oficio, una investigación interna a 13 agentes que estaban de turno en los días y lugares que ocurrieron los hechos.
Además, colocó una denuncia por el presunto delito de cohecho en la Fiscalía. Este es el segundo caso que se judicializa en Azuay en el último año. Guzmán sostiene que sí hay casos que avanzan, gracias a las pruebas que han aportado los conductores.
En diciembre de 2022, un vigilante de tránsito fue grabado recibiendo una coima del conductor de un bus, en la vía La Concordia-Santo Domingo. Con ese video, la dirección provincial de la CTE inició un sumario administrativo al agente y puso una denuncia en la Fiscalía, que sigue en investigación.
A inicios de 2022, la CTE tenía unas 200 denuncias bajo investigación en la Dirección de Asuntos Internos. La mayoría son por casos de cohecho. Hasta la tarde del 3 de mayo, la institución no detalló cuántos agentes son investigados por este presunto delito y cuántos han sido separados.
QUE HACER
Los conductores también pueden saber si la actuación de los agentes es legal. Cuando se trata de un operativo autorizado o de una infracción flagrante, los funcionarios deben: Detener la marcha del vehículo y ubicarse detrás. Identificarse ante el conductor. Explicarle el motivo concreto de la retención. Solicitar los documentos (matrícula y licencia de conducir). Emitir, de inmediato, la citación si existe una infracción.
Pero si el vigilante no emite la citación de forma inmediata y “empieza a recitar los artículos de la Ley, da vueltas al carro y dice cuánto va a costar la multa, eso se convierte en una vulneración a los derechos del conductor”, asegura Guzmán.
El conductor debe permanecer al interior del vehículo. Grabar el procedimiento del vigilante de tránsito. Eso está permitido por el artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal. Anotar el número de la patrulla y los nombres de los agentes, en el caso de que sean visibles. Llamar al ECU-911 para denunciar al agente de tránsito.
“El agente no puede prohibir que se filme el procedimiento”, asegura Guzmán. Ese tipo de información es necesaria para asentar las denuncias en la Fiscalía. Los ciudadanos también pueden hacer denuncias anónimas a través de la página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
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